Hace más de un año y medio que las masivas protestas en Irak se repiten, aún en medio de los momentos más inciertos y oscuros de la pandemia de 2020 cuando todo instaba a los ciudadanos a quedarse encerrados en las casas, un clima de hartazgo y desesperación popular que desnuda la profunda crisis económica que vive el país que visitará esta semana el papa Francisco y para la que el Estado -endeudado, quebrado y en recesión- aún no ha podido dar respuestas efectivas.
La crisis en Irak no es nueva, pero terminó de acentuarse con la pandemia de coronavirus, como pasó en gran parte del mundo: el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó en octubre pasado que el país terminaría el 2020 con una contracción del 9,5% de su PBI, la peor caída desde 2003 -año de la invasión estadounidense-, provocada por la reducción de la producción petrolera acordada por la OPEC, pero también por el desplome del sector de servicios y la recaudación, que empujó a una caída de casi el 50% de los ingresos del Estado solo en los primeros siete meses del año pasado, según el Banco Mundial.
Según el Ministerio de Finanzas, actualmente siete de los casi 40 millones de habitantes viven con un salario o una pensión del Estado y, dado que por momentos no pudo cumplir con todos ellos o lo hizo con importantes retrasos, el estimado de los organismos de crédito internacionales es que la pobreza en el país aumentó del 20% en 2018 a más del 30% el año pasado.
Además, el desempleo es de más del 10%, pero desde hace tres años supera el 25% entre los jóvenes.
Todo indica que este escenario ya sombrío empeorará aun más este año con la devaluación del 20% del dinar iraquí frente al dólar que ejecutó el Gobierno en diciembre pasado, como primer paso de una hoja de ruta de reformas que presentó antes de la pandemia para reactivar la economía, un cúmulo de objetivos y medidas que fueron prometidas una infinidad de veces en el país pero nunca se aplicaron a fondo.
En un país en el que la producción agrícola de alimentos se desarrolló pero nunca para permitir romper la dependencia exterior y menos para alcanzar el ritmo de crecimiento demográfico de las últimas décadas, la devaluación ya significa para muchos iraquíes una canasta básica más cara, una realidad aún más dramática para los más de 1,4 millones de iraquíes que fueron desplazados por los combates en los últimos años y aún no han podido volver a sus hogares.
En medio de los esfuerzos por contener lo más posible la segunda ola de la pandemia, a la espera de las primeras vacunas y con un escenario político plagado de injerencias extranjeras y más trabado que nunca por las alianzas con dos rivales declarados, Estados Unidos e Irán, cientos de miles de iraquíes se sienten cada vez más desilusionados y convencidos de que solo la presión traerá cambios reales en el país.
«Los manifestantes piden lo mismo que piden en otros países que están atravesando protestas en Medio Oriente: mejores servicios públicos, escuelas, agua, luz, menos corrupción, más trabajos, menos interferencia extranjera de los estadounidenses, iraníes, turcos y sauditas. Quieren un Gobierno transparente, eficiente y que no esté dividido según líneas sectarias, que sea secular», explicó en diálogo telefónico con Télam Rami Khouri, académico y director de Global Engagement en la Universidad Americana en Beirut, Líbano.
Para Khouri, las protestas están compuestas tanto por jóvenes desesperados por su presente y futuro, y por la generación de sus padres que, a diferencia de ellos, sí conocieron una época de desarrollo económico y construcción de un Estado fuerte -aunque también muy autoritario- con servicios públicos que funcionaban e incluían cada vez a más gente.
«El país se desarrolló con fuerza desde su independencia en los años 50 bajo un Gobierno muy centralista, del partido Baath (de Saddam Hussein). Fue un Gobierno autócrata y autoritario, pero hasta los años 80 los servicios públicos mejoraron mucho. Por ejemplo, en esa época Irak formaba en exceso doctores e ingenieros y se lo conocía por exportarlos en la región», explicó el académico.
Por ejemplo, Khouri destacó que en esas primeras tres décadas de Estado independiente, la deuda pública «era relativamente baja», en gran parte dado el desarrollo del sector petrolero.
Hasta el día de hoy, el país sigue dependiendo casi exclusivamente del crudo: en 2019, según cifras oficiales, representó el 96% de sus exportaciones, el 92% de la recaudación del Estado nacional y un 43% del PBI, pese a que la producción continúa cayendo significativamente (de 4,8 millones de barriles diarios en 2019 a 3,5 millones el año siguiente) junto con los precios internacionales.
Por eso, la deuda pública del país hoy se acerca al 52% del PBI y el FMI pronosticó que este año podría crecer un punto porcentual más.
«El desarrollo económico de las primeras décadas no estuvo al nivel del crecimiento demográfico, primero, y luego las sanciones internacionales comenzaron a marco un declive en los años 90. Pero el punto de quiebre fue la invasión de 2003. El nuevo Gobierno se volvió completamente corrupto, nunca se crearon sistemas de responsabilidad y auditoria política y las potencias empezaron a influir sin limites en la realidad nacional», aseguró Khouri.
«El Gobierno está virtualmente quebrado, no le alcanza para pagar salarios y varios sectores industriales no andan tan bien como antes por los cortes de electricidad y los problemas de infraestructura. Por eso, los jóvenes se suman a las protestas, están desesperados: no tiene una voz política, trabajo, dinero y servicios públicos que funcionen, mientras que, a su lado, sus padres recuerdan los viejos tiempos y quieren recuperarlos», concluyó.
Fuente: Telam