La defensa del abogado Fabián Rodríguez Simón, sindicado como integrante de la denominada «mesa judicial» del gobierno de Mauricio Macri, apeló la prohibición para salir del país que le impuso la jueza María Romilda Servini a cargo de la causa en la que se investigan presiones al Grupo Indalo.
El abogado Gustavo de Urquieta, representante legal de Rodríguez Simón, afirmó que su defendido «se ha presentado espontáneamente en el expediente, ha constituido domicilio y ejerció una activa participación dentro del expediente».
Como parte de su presentación, Urquieta presentó una copia de un pasaje de la empresa de ferrys BuqueBus, que consigna el regreso de Simón en una embarcación que saldrá del puerto de Montevideo rumbo a Buenos Aires el próximo 15 de mayo, y que fue adquirido el lunes, cuando se conoció la decisión de Servini de prohibirle la salida del país.
En un escrito al que tuvo acceso Télam, el letrado insiste en que el imputado «informó oportunamente que viajaría a la República Oriental del Uruguay por cuestiones laborales» y por ello, «la medida ordenada es innecesaria y desproporcionada».
De Urquieta asegura además que «no existen razones para avanzar más allá del inciso «a» de ese artículo, resultando suficiente la promesa del señor Rodríguez Simón de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación».
«La medida dispuesta cercena arbitrariamente los derechos antes señalados, sin que se verifique un peligro en la demora que autorice su dictado», sostiene el letrado.
En ese sentido, el representante del Rodríguez Simón, sindicado como «operador judicial» del gobierno de Cambiemos, recordó que la jueza llamó a su defendido a prestar declaración indagatoria el pasado 18 de marzo, fijando fecha para concretarla para el 26 de mayo, más de dos meses después del auto que la ordena».
«Y no dispuso en ese decreto medida de coerción alguna, a pesar del amplio espacio de tiempo existente. Recién lo hace ahora, a pedido de la querella, sin que la medida tenga impulso del fiscal», señala la defensa de Rodríguez Simón.
Y en ese sentido, el letrado remarca: «Mi defendido tiene derecho a ejercer su derecho de defensa en la indagatoria, luego de lo cual corresponde que la magistrada resuelva su situación procesal».
Además, De Urquieta fundamenta que «el llamado a prestar declaración indagatoria -en que funda la verosimilitud del derecho- se da inmediatamente después de que se agregó en autos un informe de llamadas de mi defendido, respecto del que esta parte ha planteado su nulidad, por afectar su privacidad y por violentar el derecho de defensa y el debido proceso, por presentar información alterada o inexacta».
La defensa de Rodríguez Simón considera que ese informe en el que se sustenta el llamado a indagatoria está «seriamente cuestionado», y en este contexto, «un llamado a indagatoria debe analizarse la invocada verosimilitud del derecho».
En ese sentido, el abogado remarca que «la posibilidad de viajar al Uruguay y tener allí actividad laboral no constituye ‘per se’ ningún elemento que permita sospechar que entorpecerá el accionar de la justicia».
«Esta causa es la única en la que mi defendido fue convocado a prestar declaración indagatoria, por lo que tampoco hay peligro en la demora por sus eventuales antecedentes o causas en trámite. Tales los motivos en los que fundo la apelación, solicitando a que se le conceda y que suspenda los efectos de la medida (prohibición de salir del país) hasta que se resuelva el recurso», remarca el abogado.