La determinación de un límite para el endeudamiento en dólares de las provincias será uno de los objetivos centrales del Gobierno nacional, en el marco de una discusión que lleva algunas semanas para alcanzar un nuevo Consenso Fiscal, adelantaron fuentes oficiales que participan de la negociación.
«Es un mecanismo para evitar que se repitan errores del pasado que condujeron a muchas provincias a contraer deudas inviables y es un punto en el que no hay espacio para ceder. Queremos dar un debate hacia el futuro sobre el endeudamiento responsable. No puede volver a ocurrir lo mismo en la Argentina», dijeron de manera enfática en la Casa Rosada.
Según la información a la que pudo acceder Télam, las provincias y la Ciudad no podrían incrementar el stock de deuda en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre de 2020.
Sin embargo, quedarían exceptuadas las líneas de crédito con organismos multilaterales de crédito que otorguen financiamiento de largo plazo y los desembolsos pendientes originados por convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre.
Como fundamento para ese posicionamiento, señalan lo ocurrido en los primeros meses del Gobierno de Mauricio Macri y al pago a los tenedores de bonos privados, luego de lo cual las provincias tuvieron la posibilidad de acceder a tomar nueva deuda en dólares.
Algunos pocos gobernadores peronistas habían afirmado, por aquel entonces, que el endeudamiento no era presentado como una opción sino como una receta recomendada por el entonces gobierno de Cambiemos para que las jurisdicciones pudieran afrontar gastos de todo tipo.
Hoy, desde la Casa Rosada afirman que el grueso de las provincias se vio “virtualmente forzado” a recurrir al endeudamiento externo y tomaron préstamos por más de 12.000 millones de dólares, una situación que se tornó poco sostenible con la crisis de 2018, la fuga de capitales y las devaluaciones de ese año y de 2019.
Según estiman, la variación en el tipo de cambio hizo que las provincias tuviesen que disponer del doble de recursos para poder afrontar los servicios de deuda, ya fueran intereses o el vencimiento del capital.
En ese sentido, ponen como contraejemplo el caso de Santa Cruz que, bajo la administración de Alicia Kirchner, debió afrontar serias dificultades durante el primer año de gestión y tensas negociaciones con un Gobierno nacional que la convocaba a tomar deuda en dólares.
Desde el Gobierno nacional entienden que, de ser aprobado, el nuevo consenso no sólo encaminará las políticas locales hacia sendas más virtuosas sino que, además, le otorgará a los gobernadores herramientas de autonomía fiscal que tendrán resultados positivos en la recaudación de sus arcas provinciales.
El Consenso, entendido como una herramienta política articulada entre la Nación y las provincias, fue inaugurado durante la presidencia de Mauricio Macri en 2017 con objetivos bien distintos a los actuales: las provincias girarían menos dinero a la Anses, se comprometían a bajar algunos impuestos (como Ingresos Brutos), darían apoyo a una reforma impositiva nacional (nunca alcanzada en los términos anunciados), y retirarían reclamos judiciales a la Nación.
Aunque por aquel momento aceptada, la obligación de reducir impuestos provinciales redundó en una cesión de autonomía que muchos mandatarios provinciales lamentaron cuando debieron ponerla en marcha.
Esa sensación se tornó en alivio cuando se acordó la suspensión de la rebaja de impuestos internos a comienzos de 2020.
Por otra parte, aquel gobierno macrista enfrentaba las quejas -que nunca llegaron a los tribunales- de la por entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en un diferendo que se terminó por acallar gracias a un publicitado acuerdo para recrear el “Fondo del Conurbano” sin tocar fondos coparticipables.
Hoy el gobierno de Alberto Fernández enfrenta un reclamo, en este caso de carácter judicial por parte de la Ciudad de Buenos Aires, distrito que acudió a la Corte para reclamar por una quita de fondos -que tampoco formaban parte de recursos coparticipables- y que fueron redirigidos hacia la Provincia de Buenos Aires en septiembre pasado.
La “cláusula judicial” -que existió en pasados acuerdos y podría formar parte de la redacción primaria del acuerdo que hoy se discute- implicaría que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dé marcha atrás con su reclamo en los tribunales, algo que implicaría una decisión fuerte teniendo en cuenta cómo fue presentado el diferendo ante la sociedad.
Por otra parte, también se habla del apoyo que se pediría a los gobernadores para aprobar el impuesto a las grandes fortunas a través de los legisladores nacionales y si bien esa es una carta que efectivamente se puede poner sobre la mesa, los actores involucrados la ven como la condición menos rígida y más negociable de todo el acuerdo.
Fuente: Télam