La ministra de Justicia, Marcela Losardo, sostuvo que el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno y que cuenta con aprobación del Senado «no garantiza la impunidad de nadie» sino que plantea «un montón de garantías» para lograr una justicia «con más transparencia, independencia y eficiencia», que «tiene que ver con el ciudadano de a pie».
«Desde antes que se presentara el proyecto se empezó a plantear que lo único que quería hacer es garantizar la impunidad de algunas personas, y todos sabemos que eso está muy alejado de la realidad» dijo la ministra al participar de un seminario virtual sobre «Reforma judicial y Estado de Derecho», organizado por el colectivo Agenda Argentina.
«Es imposible que se garantice la impunidad», aseveró Losardo, y enfatizó que «no hay un artículo de este proyecto que pueda, ni siquiera, insinuar impunidad, porque este proyecto fue realizado por el Gobierno, por todo un equipo de muchas personas y donde el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación estuvieron muy encima», puntualizó.
Al referirse a las garantías que brinda la iniciativa, señaló que «hay un artículo que dice que los jueces van a seguir juzgando en las mismas causas que tienen y se respeta el juez natural», con el objeto de «sacar esos fantasmas que se plantean y que no dejan que se vea la realidad», objeciones que «apuntan a que se desdibuje un proyecto y se piense que es otra cosa y no es lo que nosotros planteamos».
Al hacer una defensa enfática del proyecto, Losardo aseguró que «todo es de gran transparencia: los jueces van a ser elegidos en un proceso de selección que va a pasar por el Consejo de la Magistratura y el Senado; se establece cómo se van a tomar los exámenes, los modos de selección, cómo se van a realizar los sorteos de las causas, para que no caigan en los mismos juzgados», entre otros aspectos.
Losardo se manifestó a favor de la oportunidad de la presentación del proyecto, al puntualizar que «se plantea por qué ahora, en la pandemia, en la cuarentena y yo me pregunto ¿por qué no?». Y dijo que «debió haber sido antes, tal vez en otros gobiernos, en la otra gestión» lo cual hubiera facilitado la reforma de la justicia, ya que «podríamos haber tenido instalado el sistema acusatorio, que ahora es parte de este proyecto».
En otro pasaje rechazó «otro fantasma que pretende entrar en nuestro proyecto, pero que no puede entrar, y que nosotros no compartimos, que es el costo» y planteó «cuánto sale tener una justicia rápida, eficaz e independiente».
Dijo que los cargos «van a ser paulatinamente incorporados de acuerdo al presupuesto, que además pasa por el Congreso, que es por donde debe pasar».
Puntualizó que «otra falacia» que esgrimen los opositores a la iniciativa «es que no le interesa a nadie, que no tiene que ver con el ciudadano de a pie», y sostuvo que «cuando estamos pensando unificar la justicia federal para maximizar y acortar los plazos, dar más transparencia e independencia, estamos pensando en la ciudadanía, en la población».
«Precisamente, cuando hablamos de combatir el narcotráfico con la acción de la justicia, de los juzgados federales también estamos hablando de la seguridad, también de la ciudadanía, y hablando de las muertes, de las víctimas de trata, de la desaparición de personas, la corrupción de los problemas aduaneros, del contrabando».
«Cuando las causas tardan 20 años y prescriben, eso es poner un juzgado y funcionarios a trabajar y que después vengan otros funcionarios a trabajar desde cero de nuevo», señaló, y mencionó la «causa Amia, IBM-Banco Nación, lavado de dinero y otras».
«La gente piensa que la justicia federal es solamente Comodoro Py, pero la justicia federal abarca todas estas cuestiones», expresó la ministra, y puntualizó que el proyecto, «como planteó el presidente Alberto Fernández, quiere terminar con la justicia pendular y desafectarla de los intereses políticos».
Negó además que los jueces que se designen «van a ser puestos a dedo» ya que «se plantean muchos pasos institucionales, que van a requerir muchas etapas» para su designación.
Fuente: Telam