El secretario de Justicia presentó un proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la provincia para facultar a los jueces para que puedan dictar la prisión preventiva a quien use un arma sin permiso
Los ataques de sicarios, que tanto buscan causar conmoción general, como cuando tienen por objetivo edificios judiciales o locales comerciales, como segar vidas por encargo o por simple venganza, son un azote que mantiene a Rosario en un régimen de terror. Con el objetivo de ponerles freno a las balaceras, el gobierno de Santa Fe envió hoy un proyecto de ley que reforma dos artículos del Código Procesal Penal vigente en la provincia y propone que los jueces puedan dictar la prisión preventiva a aquellas personas que porten armas de fuego de manera ilegal
El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, precisó que se busca reformar los artículos 219 y 220 de la Ley 12.734, del Código Procesal Penal santafesino, para “brindar una herramienta a los jueces para que puedan dictar prisión preventiva” ante el uso de armas de fuego en hechos delictivos o antes de que se consumen.
En una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, Somaglia aclaró que el proyecto presentado “no dice que el delito de portación no sea excarcelable” pues “el encarcelamiento o la excarcelación son facultades exclusivas del Congreso de la Nación, al que la Constitución le otorga la atribución de dictar el Código Penal”.
Explicó que el proyecto busca incorporar entre las facultades de los jueces “la posibilidad de disponer como medida cautelar excepcional dictar una prisión preventiva cuando un sujeto porta o tiene un arma ilegal”.
Somaglia recordó que “tener un arma de fuego sin registrar constituye un delito” que figura en el Código Penal de la Nación y que “la provincia tiene la posibilidad de enjuiciar a quien así lo cometa”.
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El proyecto firmado por el gobernador Omar Perotti propone que “aquellos delitos que se realicen con la utilización de armas de fuego sean susceptibles de prisión preventiva”, en una medida “imprescindible para impedir posibles reincidencias posteriores del sujeto durante el proceso”.
El funcionario dijo que “hay que tener en claro que la inseguridad es el tema neurálgico de la actividad política”, por lo que “hay que tomar decisiones y hoy decidimos proveer de una herramienta más al Poder Judicial”.
“Nosotros tenemos la iniciativa y el Poder Legislativo lo debe tratar para transformarlo en ley. Creemos que esto es una responsabilidad del Estado, de los tres poderes en su conjunto, donde nadie puede sustraerse de la necesidad de brindar herramientas que colaboran para pacificar la vida”, argumentó.
Somaglia afirmó que durante 2021 “el 90% de los homicidios cometidos en Rosario se han ejecutado con armas de fuego ilegales, y en Santa Fe el 80%, lo que representa un incremento del 2%”.
Además, sostuvo que “la utilización de armas de fuego de manera ilegal se viene produciendo desde 2012/13 con un aumento progresivo que llegó al 80%”, por lo que se busca “generar una norma legal que desaliente la tenencia de armas de fuego de manera ilegal”.LA NACION