El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de pruebas para investigar posibles delitos con la compra de aviones privados en el exterior, al dólar oficial. Los investigadores sospechan que hubo operaciones que se declararon con sobreprecios y que podría haberse estafado al Estado abusando de la brecha cambiaria.
Lijo solicitó documentación a distintos organismos públicos; entre ellos, a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y firmó además órdenes de presentación para que las empresas compradoras de aeronaves entregaran la documentación que tuvieran relativa a la importación de los aviones; en total, casi 300, informaron a LA NACION fuentes que trabajan en el expediente penal.
El fiscal del caso es Eduardo Taiano, que presentó un requerimiento de instrucción y de esa manera impulsó la causa. En el caso intervino también el fiscal Guillermo Marijuan, que hizo la investigación preliminar.
En los tribunales de Comodoro Py explicaron que hay un beneficio, que en principio es legal, que obtuvieron quienes compraron los aviones al dólar oficial, pero que más allá de eso hay casos en los que sospechan que se declararon sobreprecios o que ni siquiera se hicieron las operaciones que se informaron al Estado.