El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto que contempla la creación de un «distrito de integración productiva» para «promover el desarrollo económico» de los barrios populares a través de beneficios impositivos para las empresas que inviertan en esas zonas de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, que crea el Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires, ingresó a la Legislatura porteña y comenzará a ser debatida en los próximos días a nivel comisiones.
Tras el ingreso al Parlamento, el legislador del Frente de Todos Javier Andrade cuestionó la iniciativa al considerar que no va a traer beneficios a las personas que viven en los barrios populares, sino que favorecerá «a las grandes empresas».
Qué establece el plan
El proyecto establece que formarán parte de este distrito aquellos barrios donde se estén realizando procesos de reurbanización e integración socio urbana, los cuales «serán identificados y delimitados oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat», actualmente a cargo de María Migliore.
Por otra parte, fija que las empresas que decidan invertir en este nuevo distrito deberán cumplir con ciertos requisitos e inscribirse en un registro.
Entre esos requisitos figura «no registrar deuda alguna respecto de las obligaciones tributarias exigibles por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)».
En el plano de los beneficios, las empresas que inviertan en un «proyecto de desarrollo» en los barrios populares «podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) un porcentaje del monto invertido».
Cuestionamientos al proyecto
Al respecto, Andrade evaluó que «se trata de beneficios impositivos con descuentos del pago de IIBB para distintas actividades comerciales. O sea, grandes empresas podrían dejar de pagar hasta un 80% de lo que tributan de IIBB en la Ciudad si ese importe lo invierten en barrios populares».
Y advirtió que «claramente el empleo no es la prioridad» en referencia «al penúltimo artículo de una ley de 21 artículos que sostiene que beneficiarios deberán contratar al menos hasta un 30% de trabajadoras/es que vivan en esos barrios».
Fuente telam