El presidente Alberto Fernández evalúa llamar en las próximas horas al Congreso para que realice sesiones extraordinarias durante los meses de enero y febrero. Así trascendió en fuentes del Ejecutivo nacional.
La convocatoria estaría relacionada con varios proyectos de índole económica que el gobierno tiene agendados y desea que se aprueben con premura. Pero fundamentalmente uno que con su solo anuncio sacudió el tablero institucional: el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión es impulsada por el presidente Alberto Fernández y cuenta con el apoyo de 11 gobernadores enrolados en el Frente de Todos, con quienes el primer mandatario se reunió el martes en la Casa Rosada.
Los que están en la mira son Horacio Rosatti, presidente del organismo, y los demás integrantes: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Entre los jefes provinciales hubo consenso en presentar cargos contra ellos por “mal desempeño en sus funciones” y “manifiesta parcialidad” en sus fallos.
El detonante de la acusación fue la resolución de la Corte de hacer lugar a la cautelar de la Ciudad de Buenos Aires para modificar a su favor los índices de coparticipación federal. Sin embargo, en las semanas previas habían existido fuertes rispideces luego de que el tribunal vetara decisiones de ambas cámaras parlamentarias sobre los representantes que cada una enviaría al Consejo de la Magistratura.
Para el oficialismo, esa decisión era inconstitucional y respondía al deseo de la Corte de manejar a su antojo ese cuerpo que se encarga de la designación y remoción de los jueces. “Los argentinos merecemos contar con un servicio de justicia digno”, dijo Fernández para argumentar su decisión.
Juicio político contra la Corte Suprema: qué dice la Constitución
El juicio político es el método que prevé la Constitución para la remoción de las máximas autoridades del país: presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete y miembros de la Corte Suprema.
Esto exige la participación activa del Congreso: la Cámara de Diputados funciona como acusadora y si el proyecto avanza en ese cuerpo, se deberán elegir dos representantes para exponer el caso en el Senado, que debe emitir sentencia.
El artículo 60 de la Constitución establece que “su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. Es decir que en caso de prosperar, los acusados dejarán su cargo y luego deberán afrontar la responsabilidad penal, si les corresponde, en los tribunales ordinarios.
De acuerdo a las especulaciones, el Frente de Todos podría obtener mayoría para imponer su proyecto en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, pero le costaría obtener mayoría para ganar la votación en el recinto. Y si la lograra, también se le haría muy difícil que el Senado acepte la acusación y destituya a los jueces
La idea de llamar a sesiones extraordinarias no abarca exclusivamente el proyecto para enjuiciar a los miembros de la Corte. El Ejecutivo desea que el Congreso trate otros temas. Por ejemplo, el blanqueo de capitales que el Ministerio de Economía impulsa como paso previo a la vigencia del acuerdo para obtener información sobre depósitos sin declarar en Estados Unidos; la creación del monotributo tech, que incluye tres nuevas categorías exclusivas para la exportación de servicios de hasta 30.000 dólares; la moratoria previsional, que no se pudo sancionar en las sesiones ordinarias; y la ley de fomento al desarrollo agroindustrial, que desgrava inversiones para dotar de mayor valor agregado a las exportaciones primarias.
Durante el período de sesiones extraordinarias, las Cámaras sólo pueden tratar proyectos enviados por el Ejecutivo. A comienzos de diciembre, el Presidente había dispuesto extender hasta fin de año las sesiones ordinarias, que finalizan el 30 de noviembre. Sin embargo, el enrarecido clima político y el corte en las relaciones entre el oficialismo y la oposición hizo que en la práctica la actividad parlamentaria quedara paralizada.
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