La investigación por el homicidio agravado con alevosía de Jeremías Sosa continúa avanzando con medidas judiciales que refuerzan la imputación contra los principales sospechosos. En la jornada de ayer, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Luján llevó a cabo cuatro allanamientos en la localidad de Olivera, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N° 3.
Los procedimientos derivaron en la detención formal de Alex Iñiguez, Gustavo Rocha y Lucas Bonomo, quienes se encontraban aprehendidos desde el pasado domingo y lunes, respectivamente. La fiscal de la causa, María Laura Cordivola, dispuso la conversión de sus aprehensiones en detenciones, tras evaluar los elementos probatorios recolectados hasta el momento. Esta medida agrava su situación procesal y garantiza su permanencia bajo custodia mientras avanza la investigación.
Los allanamientos, realizados entre la tarde y la noche del miércoles, se llevaron a cabo en domicilios relacionados con los imputados y en otros puntos de interés para la causa. Entre los lugares inspeccionados se encuentra el autoservicio «El Increíble», propiedad de la familia Atrio, donde trabajaban Agustina A. y su pareja Felipe C. Tanto ellos como Walter A. y Matías A. figuran en el expediente como personas vinculadas a la investigación.
Aunque los resultados de los operativos no fueron difundidos oficialmente, fuentes cercanas al caso indicaron que personal de la DDI realizó diversas averiguaciones con vecinos y tomó declaraciones a testigos clave. Durante los interrogatorios, se presentaron registros fílmicos que evidenciarían la brutalidad con la que fue cometido el crimen de Sosa, cuyo cuerpo fue inhumado este miércoles en su ciudad natal de Jardín América, en la provincia de Misiones.
Uno de los testimonios obtenidos en las últimas horas comprometería aún más a Lucas Bonomo, en cuyo domicilio fueron secuestradas prendas con aparentes manchas de sangre y una soga. Sin embargo, al menos otra declaración podría favorecer su defensa. En tanto, la situación procesal de Gustavo Rocha, Néstor R. y dos miembros de la familia Atrio se habría visto agravada tras los avances en la investigación. Además, se identificó a una persona cuyo nombre no había trascendido hasta el miércoles y que podría haber participado en la agresión a la víctima.
La causa sigue su curso con la recolección de pruebas y declaraciones que podrían definir los próximos pasos judiciales. Mientras tanto, la comunidad de Olivera sigue conmocionada por el brutal asesinato y atenta a las resoluciones que permitan esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.