El médico forense Milton Acosta, responsable de la autopsia de María Solange Diniz Rabela, brindó detalles técnicos sobre las condiciones del cuerpo y sostuvo que la carbonización fue posterior a la muerte, sin poder precisar la causa exacta del fallecimiento, aunque ratificó que se trató de un deceso violento.
En la segunda audiencia del juicio contra Marcelo Núñez, cacique de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty, el perito forense Milton Acosta expuso ante el Tribunal Penal N°1 de Oberá los resultados del examen post mortem realizado sobre el cuerpo de María Solange Diniz Rabela, de 22 años, víctima del femicidio por el que se juzga al líder indígena.
Acosta describió que el cuerpo estaba sometido a una “carbonización extrema” con “daño estructural masivo” en la cabeza, tórax y abdomen, donde se observaron “estallidos viscerales” y fracturas en el cráneo, producto de la exposición prolongada a temperaturas extremas estimadas entre 200 y 300 grados Celsius.
Sin embargo, el médico indicó que la quemadura se produjo cuando la víctima ya no estaba con vida, lo que impidió establecer el mecanismo específico del óbito. “No se pudo determinar el mecanismo de la muerte, pero la carbonización fue posterior al fallecimiento”, explicó, y agregó que “no hay elementos orgánicos que permitan precisar la causa exacta”.
Acosta enfatizó que, a pesar de no poder definir el modo preciso de la muerte, esta se considera violenta. También señaló que para que el daño corporal se haya producido fue necesario un tiempo prolongado de exposición al fuego, estimado en dos a tres horas.
El juicio contra Marcelo Núñez se inició el miércoles pasado en Oberá, bajo la acusación de homicidio agravado por femicidio. El tribunal está integrado por los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo, y la fiscalía está a cargo de David Ezequiel Augusto Milicich. Está previsto que en las jornadas de debate declaren 14 testigos, entre miembros de la comunidad mbya, peritos y profesionales vinculados al caso.
El acusado negó haber cometido el crimen y justificó la cremación del cuerpo con el argumento de evitar la propagación del Covid-19, hipótesis que fue desestimada por la investigación. La acusación se basa en denuncias formuladas por familiares de la víctima, quienes alertaron sobre su desaparición en abril de 2020, en el contexto del aislamiento obligatorio.