Sofía Holowatyj compartió su historia y el impacto de la baja de la pensión de su hermano. Valoró la decisión de Misiones de recurrir a la Justicia para frenar las irregularidades.
La vida de misionera Sofía Holowatyj y su familia cambió bruscamente el 18 de julio, cuando se enteraron que a su hermano Román Holowatyj, discapacitado motriz, el gobierno nacional le dio la baja la pensión no contributiva que recibía desde los dos años. “Nos enteramos de casualidad, mi cuñada retiró una carta en el correo de Apóstoles. Nunca recibimos una notificación en nuestro hogar”, contó a Canal Doce.
Sofía, que vive con su familia en Tres Capones, precisó que la ayuda económica se destinaba en gran parte a los estudios virtuales de Román, quien no puede cursar presencialmente debido a que su padre sufrió un ACV y ya no pudo acompañarlo. “Afectó en todos los aspectos, en especial en sus estudios porque se nos está imposibilitando pagar las cuotas de la facultad. Este fin de año se recibiría”, lamentó.
La joven recordó además que el dinero de la pensión se usaba para costear parte de las sesiones de kinesiología, fundamentales para el tratamiento de su hermano. “Con esa plata también se pagaba parte de las terapias, que son necesarias para mejorar su calidad de vida”, afirmó.
Pese a la baja, la familia tuvo acompañamiento del gobierno provincial. “Tuvimos la suerte de contar con el apoyo del sector de discapacidad, que nos guió sobre los trámites y papeles para mandar al Andis. Enviamos todo también al Ansés, pero hasta el día de hoy la única respuesta fue que recibieron la documentación”, relató Sofía.
Misiones recurre a la Justicia Federal para frenar las bajas irregulares de pensiones no contributivas
En este escenario, la joven valoró la decisión del Gobierno de Misiones de recurrir a la Justicia Federal para frenar las bajas irregulares de pensiones no contributivas. “Estamos contentos de que el gobierno provincial haya tomado la iniciativa de defender los derechos de los discapacitados, ojalá que con su ayuda se logre esclarecer esta situación”, expresó.
La medida fue confirmada por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien anunció que se presentó un amparo judicial para detener las auditorías y suspensiones irregulares realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.
La acción, encabezada por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, busca retrotraer los procesos y garantizar auditorías transparentes y sin vulneración de derechos.
Según el Gobierno provincial, muchas familias nunca recibieron las notificaciones para presentarse a las auditorías, lo que derivó en la pérdida del beneficio. Esa situación golpeó de lleno a hogares donde la pensión era el único ingreso.
“Creo que el Estado Nacional debería de tomar con más seriedad esta temática, contactarse con cada uno de los que tienen CUD y llevar adelante las auditorías de forma seria, resguardando la integridad de cada discapacitado”, concluyó reclamando Sofía.