La semana pasada se llevó a cabo en San Ignacio un operativo de revalidación de datos para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad. Sin embargo, el procedimiento generó dudas e interrogantes debido a la falta de identificación de quienes estuvieron a cargo de recibir la documentación.
El operativo se desarrolló en un restaurante abandonado y al aire libre, un espacio improvisado que no ofrecía condiciones adecuadas para este tipo de trámites. Allí, varias personas se encargaron de recolectar los documentos de los beneficiarios, pero ninguna de ellas contaba con credenciales oficiales que acreditaran su función.
Si bien Misiones Online entrevistó a Fernando Cejas, quien se presentó como responsable de las auditorías de pensiones por discapacidad en Misiones, el resto del equipo que participó en San Ignacio no estaba identificado, lo que incrementó la incertidumbre en torno a su rol y legitimidad.
Otro punto llamativo fue la entrega de comprobantes. Quienes asistieron para realizar la entrega de su documentación recibieron un papel denominado “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, sin membrete oficial y con la firma y sello adulterados del Dr. Leandro Hipólito Peñaloza. Este médico es un cardiólogo que actualmente reside en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y que, alertado de la situación, el 1 de septiembre se presentó en la justicia para radicar una denuncia, según confirmaron a Misiones Online.
Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si las personas que recibieron la documentación formaban parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI), si eran contratados por el municipio o si respondían a otro tipo de organización, lo que deja abierta la pregunta central: ¿quiénes llevaron adelante las auditorías en San Ignacio?
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