Julieta Makintach fue imputada por múltiples delitos tras participar en un documental sobre Maradona, lo que compromete su imparcialidad.
La justicia de San Isidro imputó este miércoles a la jueza Julieta Makintach en la causa penal que investigaba su rol en el documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. La acusación la formalizaron los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes consideraron que reunieron pruebas suficientes tras varios meses de investigación.
Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que Makintach incurrió en los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Según explicaron en el expediente, la magistrada aceptó una propuesta comercial de su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, para avanzar con el film “Justicia Divina”.
Los fiscales comprobaron que la jueza promovió y participó en el proyecto audiovisual bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros. Estos podían llegar por inversiones de terceros o regalías por imagen. Para los investigadores, esa conducta comprometió su imparcialidad y se concretó “utilizando recursos públicos para fines privados”.
Ante este escenario, los fiscales pidieron a las autoridades que impulsan el juicio político contra Makintach, actualmente suspendida de sus funciones, que autoricen su desafuero. De esa manera, podrían avanzar con su declaración indagatoria en la causa penal.
Hechos señalados en la imputación
El escrito describe que el 9 de marzo de 2025 la jueza habilitó el ingreso al edificio de los Tribunales de San Isidro a un grupo de al menos seis personas vinculadas con la producción del documental. Utilizó la llave que poseía como magistrada y permitió la entrada por el acceso reservado a jueces y funcionarios.
Ese día, según la investigación, facilitó el desplazamiento de los visitantes por distintos espacios del edificio, incluido su despacho. Incluso, “ofreció diversas posturas actuadas y hasta la manipulación de los expedientes que se encontraban en la sede”.
Dos jornadas después, el 11 de marzo, comenzó el juicio por Maradona. Los fiscales señalaron que Makintach se valió de la custodia del TOC Nº3 para permitir el ingreso de la guionista, el camarógrafo y el productor. Estas personas evitaron controles y lograron registrar imágenes exclusivas en el interior del edificio.
A pesar de que existía una resolución del tribunal que prohibía la filmación para terceros, la jueza autorizó la grabación. Cuando una funcionaria policial intentó impedirla, Makintach desautorizó la orden y garantizó que sus socios pudieran continuar.
Pruebas reunidas por la fiscalía
El requerimiento fiscal incluyó pruebas documentales y testimoniales. Entre ellas figuran registros de cámaras de seguridad que muestran el ingreso de la jueza y del equipo de filmación en un día inhábil. También se sumaron declaraciones de personal policial, testimonios de integrantes de la productora y material secuestrado en “La Doble S.A.”, donde encontraron videos y guiones del proyecto.
Además, la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Cámara de Apelaciones Departamental confirmaron que nunca existió autorización para utilizar el edificio judicial como “set de filmación”.
Los fiscales también mencionaron que Makintach intentó presidir el tribunal durante el juicio para obtener mayor protagonismo en el documental. Sin embargo, ese intento fue frustrado. El abogado Julio Rivas, defensor del médico Leopoldo Luque, la recusó por parcialidad y por la “sobreactuación” que mostró en el debate. Esa recusación marcó el inicio de la nulidad del juicio por la muerte de Maradona.
Consecuencias y pedido de destitución
La investigación reveló que la magistrada negó en repetidas ocasiones su participación en el documental ante colegas, abogados y periodistas, incluso cuando se le mostraron videos donde ella misma hablaba de su rol.
Con toda la evidencia, los fiscales concluyeron que estos episodios solo pueden explicarse por la aceptación de una promesa de beneficios económicos a cambio de favorecer el proyecto audiovisual. En el escrito destacaron: “Estas acciones afectan de modo directo la dignidad, independencia e imparcialidad de la función judicial, constituyendo causal autónoma de enjuiciamiento y eventual remoción”.
En función de la gravedad de los hechos, solicitaron su destitución y la convocatoria a indagatoria. Ahora, los conjueces a cargo del jury deberán resolver si hacen lugar al pedido. En las últimas horas convocaron a una audiencia preliminar para avanzar en el proceso político que podría definir el futuro de la magistrada.