El Gobierno nacional decidió acatar la medida judicial dictada por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, y restablecerá 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial a través de la disposición N.º 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que además ordena abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte sentencia definitiva.
La decisión judicial, firmada por el titular del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, establece que el organismo deberá “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente”.
La causa, caratulada “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”, se inició a partir de la presentación de la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, Defensor del Pueblo de Catamarca. El magistrado consideró que se trata de “derechos de indudable naturaleza colectiva, pero también individuales, afectados de manera común por una norma inconstitucional y por una ejecución irregular por parte de la Administración”.
Cumplimiento parcial y excepciones
Fuentes del Gobierno confirmaron que el fallo no será aplicado de manera absoluta. “Desde la intervención actual, encabezada por el doctor Alejandro Vilches, ya se restablecieron más de 622 pensiones suspendidas, debido a que estos beneficiarios acreditaron la incapacidad laboral. La restitución de la pensión se realiza en 48 horas”, explicaron.
Sin embargo, aclararon que “el resto de las personas que dejaron de percibir la pensión —por no cumplir los requisitos— no ha demostrado aún que el beneficio le corresponde. Como mínimo hace dos meses que se les suspendió el beneficio. No obstante esto, aún no están dadas de baja definitivamente, ya que la intervención de ANDIS está estudiando caso por caso”.
Además, Vilches decidió no restituir el beneficio a las personas detenidas, pese a que la orden judicial alcanza a todos los beneficiarios suspendidos.
Auditorías y acusaciones cruzadas
Desde el Ministerio de Salud, la cartera de la que depende la ANDIS, defendieron el proceso de auditorías implementado por la actual gestión: “Las auditorías tienen como objetivo reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares, lo que se observa en cómo crecieron las pensiones entre 2003 y 2023, de 200.000 a 1.250.000”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló en conferencia de prensa que “desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza se han encontrado 27.149 pensiones de personas fallecidas (que alguien seguía cobrando) y 55.318 beneficiarios renunciaron a la pensión en vez de demostrar la incapacidad laboral. Es decir, 82.467 personas estaban cobrando un beneficio que no les corresponde. Descubrir esta defraudación fue posible gracias al proceso de auditoría llevado adelante”, y remarcó: “El objetivo de la gestión es garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y que no haya desvíos, ni personas que cobren lo que no merecen”.
Fundamentos jurídicos y antecedentes
El juez Díaz Martínez amplió la medida cautelar que ya beneficiaba a Catamarca y Formosa, extendiéndola a todo el país. En su fallo citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN Ley 25.837 y decreto 1564/04 s/ amparo”, en el que la Corte Suprema definió los criterios de legitimación para procesos colectivos. Según el magistrado, en este caso existe “un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos los beneficiarios y, por lo tanto, es identificable una causa fáctica homogénea”.
La medida judicial responde a las suspensiones realizadas bajo la gestión del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en aplicación del Decreto 843/2024, que elevó al 66 % el umbral de disminución de la capacidad laborativa y amplió las causales de suspensión. Las organizaciones denunciaron que ese proceso se llevó a cabo sin un marco normativo claro ni medidas de accesibilidad adecuadas.
Desde la actual conducción de ANDIS enfatizaron: “La voluntad de quienes encabezan esta intervención es cumplir con las decisiones judiciales, pero defender la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y la integridad del sistema de pensiones”. Advirtieron que “restablecer indiscriminadamente el universo de pensiones suspendidas implicaría devolver el beneficio también a personas que no cumplen los requisitos legales, incluyendo presos, trabajadores formales y personas con certificados apócrifos”.
El fallo y su cumplimiento marcan un nuevo capítulo en la puja entre el Gobierno nacional y la Justicia federal por la legalidad del proceso de auditoría sobre las pensiones por discapacidad, en un contexto donde las organizaciones civiles reclaman la restitución plena de los derechos vulnerados.