La lucha contra el fuego en la zona de Cholila y áreas aledañas entró en una fase crítica. Los cambios erráticos en la dirección del viento y las altas temperaturas reactivaron focos que se consideraban próximos al control, permitiendo que las llamas avancen sobre una superficie que ya supera las 40 mil hectáreas.
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La preocupación principal de las autoridades es la posible unificación de los frentes de fuego del Parque Nacional Los Alerces y el de Epuyén.
En este contexto, el clima es el peor enemigo de los operativos: el 2026 se consolidó como el año más seco de la última década.
Esta escasez de agua facilita la combustión del suelo orgánico y dificulta, a su vez, el abastecimiento de los equipos.
Ante la falta de recursos hídricos, los residentes locales tuvieron que improvisar el uso de bombas de agua para proteger sus viviendas, muchas de las cuales se encuentran en zonas altas y vulnerables.
Un despliegue federal frente al agotamiento
Actualmente, el operativo cuenta con 500 personas, de las cuales más de 270 son brigadistas desplegados desde distintos puntos del país, incluyendo voluntarios que viajaron desde provincias tan lejanas como Salta.
El costo humano está siendo muy alto: testimonios de bomberos locales, como el de José, vecino de Cholila, relatan jornadas agotadoras que comienzan a las 5 de la mañana y terminan a medianoche, dejando a los combatientes con apenas horas de descanso en una batalla que parece no dar tregua.
Intervención histórica y medidas legales
En un hecho sin precedentes, la Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso el pasado viernes la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces.
Un Comité de Intervención asumió la totalidad de las funciones del parque de manera transitoria.
Esta decisión responde a la magnitud de la catástrofe y también a una denuncia penal por presunta negligencia en la contención inicial de la emergencia ígnea.
Mientras los especialistas advierten que los próximos veranos podrían presentar condiciones de baja humedad similares, el monitoreo es permanente para evitar que las llamas alcancen los centros urbanos y continúen destruyendo el ecosistema patagónico.