La solicitud de traslado de la sede social de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia un predio en Pilar quedó envuelta en un conflicto administrativo después de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmara que el domicilio declarado no existe.
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Lo que empezó como un ambicioso plan de mudanza para la AFA terminó convirtiéndose en un papelón administrativo y un dolor de cabeza judicial. Este miércoles el ARCA lanzó una bomba: la nueva sede social en Pilar, esa que la entidad de Claudio «Chiqui» Tapia juró tener, directamente no existe.
Todo comenzó en enero, cuando la AFA formalizó el pedido para mudar su domicilio legal a la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar. Sin embargo, cuando los inspectores de ARCA llegaron a la zona para validar los datos, se chocaron con la realidad del conurbano: la numeración de la calle llega apenas al 900.
De ahí en más, el paisaje se vuelve desolador. Solo hay tierra y pasto. En el lugar exacto donde debería funcionar la administración del fútbol campeón del mundo, los agentes solo detectaron un lote alambrado con un cartel que promete: “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”. Ante la falta de ladrillos y oficinas, la conclusión de ARCA fue letal: “El domicilio denunciado no pudo ser localizado”.
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Detrás de este movimiento de tierras hay una disputa mucho más profunda. La mudanza no era por aire puro, sino por estrategia legal. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, está bajo la lupa por la compra de una mansión en Pilar, y la dirigencia buscaba que la causa quedara en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Para lograrlo, necesitaban que la AFA fuera «vecina» de Pilar. La jugada parecía haber salido bien cuando el juez de feria Alberto Lugones ordenó que la causa se quede allá, bajo el argumento de que en esa zona “habrían encontrado su origen las maniobras a investigar”.
Pero desde la Capital Federal, el juez Marcelo Aguinsky nunca bajó los brazos. Para él, el intento de mudar la sede es una distracción. Según su postura, “el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, la cual sigue operando a metros de su juzgado.
El dato que termina de cerrar el círculo es financiero: el dueño de la quinta en disputa paga sus consumos con una tarjeta corporativa cuya cuenta está radicada en “Viamonte 1366, CABA”.
Con la confirmación de que la sede de Pilar es, por ahora, solo un cartel en un terreno baldío, ARCA ya adelantó la impugnación a la solicitud de traslado. Sin un domicilio válido, el castillo de naipes judicial de la AFA corre riesgo de derrumbe; esto obliga a los dirigentes a dar explicaciones en los tribunales porteños de los que tanto intentaron alejarse.