El oficialismo dio marcha atrás con la iniciativa enviada al Congreso al no lograr acuerdo para bajar la imputabilidad a los 13 años y anunció que avanzará con un nuevo texto que fije el piso en 14.
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El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido enviado al Congreso, luego de no conseguir consenso político en torno a uno de los puntos más sensibles de la iniciativa: la edad de imputabilidad. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales y responde a las diferencias surgidas con bloques aliados, que rechazaron la posibilidad de reducirla a los 13 años.
Según trascendió, el dictamen remitido por el oficialismo incluía la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, cuando el acuerdo previo con los aliados establecía fijarla en 14, tal como figuraba en el texto consensuado durante 2025. Esa modificación generó resistencias y derivó en la decisión de retirar el proyecto para reformularlo.
Desde el bloque de La Libertad Avanza aclararon que se trató de una “desinteligencia” en la redacción y que el plan del Gobierno es reenviar la iniciativa con la edad mínima de imputabilidad establecida en 14 años. En ese marco, el oficialismo buscará igualmente avanzar con el dictamen y llevar el debate al recinto en los próximos días.
El proyecto retirado era muy similar al que había obtenido dictamen en mayo de 2025, aunque incorporaba una novedad relevante: la asignación de partidas presupuestarias para garantizar su implementación. En la nueva versión se preveían más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de evitar que la ley quedara sin aplicación efectiva por falta de financiamiento.
En el texto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, un punto que había despertado críticas y sospechas sobre la viabilidad real de la reforma. La inclusión de partidas específicas buscaba despejar esos cuestionamientos, aunque no logró compensar el desacuerdo político en torno a la edad de imputabilidad.
En cuanto a la hoja de ruta legislativa, La Libertad Avanza necesita primero constituir las comisiones clave para destrabar el debate. Está previsto que se formalice la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que será presidida por la diputada María Gabriela Flores, y la Comisión de Justicia, que quedaría a cargo del correntino Lisandro Almirón.
El retiro del proyecto expone las dificultades del Gobierno de Javier Milei para avanzar con una reforma sensible en materia penal juvenil, que genera fuertes debates políticos, jurídicos y sociales, y que ahora deberá ser reformulada para intentar reunir los apoyos necesarios en el Congreso.