La Justicia federal investiga un presunto desvío de fondos de la AFA, que ascienden a 50 millones de dólares. Las sospechas se centran en sociedades extranjeras y su conexión con estructuras locales. El caso involucra administración fraudulenta, falsificación de documentos y podría incluir lavado de activos.
La Justicia federal está investigando un presunto desvío de al menos 50 millones de dólares generados por la Selección Argentina en el exterior. Los fondos, que debían destinarse al fortalecimiento de los clubes locales, habrían sido desviados a través de sociedades extranjeras sin actividad económica clara. El juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona están a cargo del caso.
El expediente revela que los fondos cuestionados se transfirieron a cinco entidades: Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Dicetel y Velp LLC, sumando un total de 50 millones de dólares. TourProdEnter LLC, relacionada con el empresario Javier Faroni, aparece como la administradora de los ingresos internacionales de la AFA, que globalmente alcanzan los 260 millones de dólares. La Fiscalía busca determinar qué parte de estos ingresos llegó efectivamente a la AFA y cuál fue desviada.
El juez Armella ha ordenado al Banco Coinag un informe detallado sobre los movimientos bancarios de las empresas involucradas. La investigación ya encontró una certificación contable falsa utilizada para la compra de vehículos, lo que podría implicar falsificación de documentos. La Justicia también investiga un posible vínculo entre el presunto desvío de fondos y el financiamiento de estructuras internas del Club Atlético Banfield.
Estrategias para esclarecer el caso
La estrategia judicial se centra en tres áreas: rastreo de activos, peritaje caligráfico y digital, y auditoría de flujos en el exterior. La fiscalía busca identificar a los beneficiarios finales de las empresas implicadas, esclarecer la falsificación de documentos y cruzar información entre contratos internacionales y los balances presentados en Argentina.
La investigación también evalúa el posible retorno de fondos al país para eludir controles impositivos. La causa se centra en la administración fraudulenta, con posibles ampliaciones a falsificación de documentos y lavado de activos. La Justicia busca esclarecer el destino de los fondos generados por la Selección Argentina y su impacto en el fútbol local.