Mientras el oficialismo busca la sanción definitiva del proyecto, un frente de gremios liderado por ATE y la UOM paraliza actividades y marcha al Palacio Legislativo. La CGT, en tanto, se ausentará de la protesta y apostará por la vía judicial.
En una sesión especial convocada para este viernes, el oficialismo busca convertir en ley el proyecto de Reforma Laboral. Mientras la CGT apuesta a la vía judicial, los gremios del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) paralizarán sus actividades y marcharán para denunciar un «retroceso histórico» en los derechos de los trabajadores.
El Senado de la Nación se prepara para una sesión clave este viernes en la que buscará convertir en ley el proyecto de Modernización Laboral. La jornada estará marcada por la tensión dentro y fuera del recinto, con un paro nacional de estatales y una masiva movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que denuncia un «retroceso histórico» en los derechos de los trabajadores.
A partir de las 11:00, los senadores tratarán el dictamen que regresó con modificaciones desde Diputados. El oficialismo confía en tener los votos necesarios para la sanción definitiva, sobre todo después de aceptar la eliminación del polémico artículo 44, que reducía los pagos por licencias médicas. Con esta concesión, el Gobierno busca «blindar» el núcleo de la reforma: la exclusión del aguinaldo en el cálculo de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia al Desempleo (FAL) y un «banco de horas».
La respuesta del movimiento obrero, sin embargo, mostró una profunda división estratégica. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), encabezado por Rodolfo Aguiar (ATE), Abel Furlán (UOM) y Daniel Yofra (Aceiteros), convocó a un paro nacional y una movilización al Congreso. Los manifestantes se concentrarán a las 10:00 en la esquina de Avenida de Mayo y Salta para marchar bajo la consigna “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”.
La medida de fuerza tendrá un fuerte impacto en la administración pública. ATE confirmó un paro de 24 horas que afectará servicios críticos en hospitales, que solo mantendrán guardias mínimas, y resentirá la recolección de residuos, los trámites en migraciones y aduanas del Senasa. A la protesta se suman los trabajadores nodocentes universitarios (FATUN), que también paralizarán sus actividades, y las dos CTA, conducidas por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky.
En una vereda opuesta, la cúpula de la CGT decidió no adherir a la movilización de este viernes. Tras una reunión en la sede de UPCN, la central obrera que lideran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) optó por concentrar sus esfuerzos en la vía judicial. Sola adelantó que buscarán repetir la estrategia que frenó el capítulo laboral del DNU 70/2023.
Para ello, la CGT convocó a sus gremios a marchar el próximo lunes 2 de marzo hacia el Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, donde presentarán un recurso de amparo para declarar la inconstitucionalidad de la norma si es aprobada. Mientras el Gobierno busca una victoria legislativa clave antes de la apertura de sesiones ordinarias, los gremios advierten que la sanción de la ley solo profundizará la “conflictividad y la tensión social” en el inicio del año.
Reforma del Régimen Penal Juvenil
En paralelo, el Gobierno pretende que el Senado apruebe la reforma del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años y redefine cómo el Estado responde ante delitos cometidos por adolescentes. El debate está previsto también para este viernes.
En ese contexto, la baja de la edad de imputabilidad aparece como el otro proyecto emblemático del verano libertario: si el Senado lo convierte en ley, el Gobierno llegará al inicio del período ordinario con una agenda ya “cumplida” y con capacidad de marcar nuevos objetivos legislativos.
El expediente tuvo un corrimiento del debate: iba a tratarse el jueves y pasó al viernes, luego de que en Labor Parlamentaria surgieron algunos puntos sensibles en algunos bloques que quieren mirar con lupa antes de levantar la mano. En particular, la lectura legal de algunos sectores sobre que los mecanismos alternativos a la cárcel —como la posibilidad de prisión domiciliaria— y que, por su diseño, podría habilitar planteos de menores de 18 años que hoy se encuentran detenidos para solicitar condiciones más benignas si la nueva ley entra en vigencia.
Así, aparece en la previa de la sesión la cautela de algunos aliados respecto de que la ley termine generando un vacío legal que puede dar lugar a un efecto no deseado. Por eso, algunos bloques podrían pedir retoques sobre el articulado para evitar interpretaciones que abran puertas no previstas.