El proyecto de ley que baja a los 14 años la edad de imputabilidad penal fue sancionada este viernes por el Senado nacional con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Crea un sistema penal juvenil diferenciado para adolescentes. El peronismo cuestionó su constitucionalidad y advirtió por la falta de fondos para aplicarla en las provincias.
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El Senado de la Nación convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
La votación arrojó 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Tras la sanción, Bullrich celebró el resultado como un logro propio y defendió el cambio de paradigma. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sostuvo en el recinto.
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En esa línea, afirmó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”. Y cerró con un discurso de fuerte tono político: “Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.
Luego de su intervención, Bullrich pidió un minuto de silencio por las víctimas, solicitó que todo el bloque se pusiera de pie y generó un momento de tensión en el recinto. Desde el peronismo observaron la escena y la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró que no podía definir ese punto. Finalmente, todos los senadores se levantaron y se realizó el minuto de silencio.
Desde el inicio del debate, el peronismo se manifestó en contra del proyecto. Además de señalar que la ley tiene un enfoque predominantemente punitivo y no prioriza la protección integral de las infancias, cuestionó la viabilidad presupuestaria del nuevo sistema. Según la norma, para implementar la reducción de la edad punible se asignan $23.700 millones a las provincias.