La Inspección General de Justicia solicitó la medida, que durará seis meses. Dos auditores revisarán balances, acuerdos comerciales y movimientos financieros de la entidad que preside Claudio Tapia. Desde la AFA rechazaron la decisión, la consideraron ilegítima y anticiparon que recurrirán a la Justicia.
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El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días. La medida tiene como objetivo principal auditar la documentación, los balances, los contratos y las operaciones financieras de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y respondió a un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que reclamaba información contable y administrativa a la AFA. Para llevar adelante la tarea, el Gobierno designó al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco.
Ambos veedores tendrán acceso irrestricto a los libros contables, los registros administrativos y todos los soportes documentales de la asociación. Además, podrán revisar los acuerdos comerciales vigentes. Su trabajo culminará con la elaboración de un informe final, aunque tienen la facultad de presentar reportes parciales si detectan irregularidades que requieran atención urgente.
Las cuentas bajo la lupa
El foco de la auditoría estará puesto en varios puntos específicos. Los veedores deberán analizar los estados contables y financieros correspondientes al ejercicio que cerró el 30 de junio de 2025. También verificarán el cumplimiento del depósito de impuestos y de los aportes y contribuciones previsionales.
Por otra parte, la investigación incluirá toda la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). Otro eje central del relevamiento serán las relaciones comerciales que la AFA mantiene con un grupo de empresas y personas que están bajo observación. Entre ellas figuran TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
La resolución que habilitó la veeduría se apoyó en objeciones que la IGJ ya había presentado. El organismo sostuvo que la AFA no entregó la información que le requirió sobre el ejercicio 2025 ni sobre la conformación de la UNAFA. Además, la IGJ cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, una mudanza que el organismo consideró “ficticia” para eludir su jurisdicción.
Frente al avance del Gobierno, la conducción de la AFA rechazó públicamente la medida. La entidad que encabeza Tapia negó cualquier irregularidad en la presentación de sus balances y anticipó que buscará frenar el proceso por la vía judicial. En un comunicado, calificó la auditoría como una “veeduría ilegítima”.
Aunque la medida abre una etapa de auditoría formal sobre el negocio del fútbol, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA. Sin embargo, el resultado de este proceso podría derivar en nuevos requerimientos administrativos o en una profundización del conflicto en los tribunales.