El juez Adrián González Charvay ordenó los operativos en busca de contratos entre la AFA y la empresa TourProdEter LLC. La investigación se centra en un presunto desvío de fondos por más de 300 millones de dólares y su posible vinculación con la adquisición de una propiedad en Pilar.
El juez de Campana, Adrián González Charvay, ordenó nuevos allanamientos en las dos sedes más importantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires y en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Durante los operativos, que realizó la Prefectura, las autoridades buscaron documentación clave para una causa que investiga presunto lavado de activos.
El objetivo principal fue secuestrar los contratos firmados entre la entidad y la compañía TourProdEter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete, que representa los negocios de la Selección Argentina en el exterior. Además, la justicia busca la documentación administrativa contable que podría explicar el origen de los fondos para la compra de una quinta en Pilar, ya que se sospecha que la operación se concretó con dinero de esos mismos contratos.
González Charvay es el mismo magistrado que dirige el expediente por la adquisición de esa propiedad, valuada en 17 millones de dólares, que presuntamente dirigentes de la AFA compraron a través de testaferros.
La trama de los contratos
La empresa TourProdEter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA en todo el mundo, excepto en Argentina. Según consta en la causa, la firma tenía a su cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”.
Por sus servicios, la compañía se llevaba una comisión del 30%, a la que se sumaba otro 10% por tareas logísticas. Una denuncia que presentaron en Campana los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe advirtió sobre una supuesta red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado más de 300 millones de dólares por fuera del circuito bancario argentino.
En la documentación que aportó la justicia de los Estados Unidos también existen indicios de transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. Debido al presunto desvío de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.
Disputa por la competencia judicial
A criterio del juez González Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios. De hecho, la Cámara de Casación Penal definirá en las próximas semanas el futuro del expediente sobre la propiedad de Pilar y determinará si la investigación continuará en la jurisdicción federal de Campana o si retornará al juzgado en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación se centra en la firma Real Central SRL, propiedad de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como imputados. De acuerdo con la denuncia, la sociedad no podría justificar el origen de los fondos para la operación inmobiliaria, lo que alimenta la sospecha de que actuó como una pantalla para ocultar a los verdaderos titulares, supuestamente dirigentes de la AFA.
El expediente fue remitido a Campana por decisión de Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín, una resolución que se basó en la ubicación física del inmueble. Sin embargo, el juez penal económico de CABA, Marcelo Aguinsky, y los fiscales intervinientes se opusieron a esta medida. El fiscal de San Martín, Carlos Cearras, elevó una queja ante la Casación porque consideró que la decisión carecía de fundamentación adecuada.
Finalmente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, admitió el recurso y declaró que fue “erróneamente denegado”, con lo cual habilitó su tratamiento. El tribunal sostuvo que existen elementos excepcionales que ameritan su intervención temprana, entre ellos la discusión sobre garantías constitucionales como el debido proceso y el principio del juez natural.