La Cámara de Diputados aprobó la modificación a la ley que protege las reservas de agua. La votación finalizó con 137 apoyos y 111 rechazos tras una extensa sesión. Desde la oposición denunciaron que la norma fue redactada por empresas mineras y que envenenará el agua.
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La Cámara de Diputados sancionó de manera definitiva la reforma a la Ley de Glaciares, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo. Tras un largo debate que se extendió hasta la madrugada, el proyecto obtuvo 137 votos a favor contra 111 negativos. El quórum de 129 legisladores se alcanzó con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados.
La sesión tuvo un desarrollo más ágil de lo previsto, ya que los diputados de La Libertad Avanza decidieron retirar sus nombres de la lista de oradores para acelerar el proceso. “Están los votos, que se queden con los discursos”, dijo a Infobae un legislador libertario. La confianza del Gobierno en el resultado quedó de manifiesto con la presencia en un palco de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien observó el tramo final del debate.
El diputado sanjuanino de La Libertad Avanza, José Peluc, fue el encargado de abrir la discusión y defendió la modificación. Ante los cuestionamientos de la oposición, el legislador respondió con tono pausado que “ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren”.
Desarrollo sustentable y protección ambiental
Por su parte, el legislador libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que la nueva norma compatibiliza la actividad económica con el cuidado de los recursos naturales. El diputado santafesino remarcó la importancia de la iniciativa para el crecimiento de las economías provinciales y la generación de empleo.
“Con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”, señaló Mayoraz.
“Una ley envenenada”
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro calificó la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional”. Además, apuntó directamente contra los intereses del sector minero en la redacción del texto.
“No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció Ferraro.
En la misma línea, el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, defendió la ley original sancionada en 2010 y cuestionó la viabilidad del nuevo marco. El legislador advirtió sobre el debilitamiento de los organismos técnicos de control.
“La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso Pichetto.
Finalmente, el diputado kirchnerista Juan Grabois utilizó una metáfora para describir las consecuencias que, según su perspectiva, traerá la nueva norma. “Es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.