El Ejecutivo prepara un proyecto para retomar por vía legislativa el recorte de entes que fracasó en 2025. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, redacta la iniciativa que busca profundizar el ajuste y podría ser más ambiciosa que la propuesta original.
El Gobierno nacional prepara el envío al Congreso de una reforma de organismos públicos. Con esta iniciativa, busca retomar parte del recorte que intentó por decretos delegados y que el Poder Legislativo rechazó el año pasado. El plan forma parte de la profundización de la “motosierra” que el presidente Javier Milei planea impulsar durante 2026.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sus equipos técnicos tienen a cargo la redacción del proyecto. Fuentes del Gobierno aseguraron que el objetivo es recuperar a través de una ley las eliminaciones, fusiones y transformaciones de entes que quedaron sin efecto tras la caída de los decretos delegados en 2025.
Además, en el oficialismo admitieron que el nuevo esquema no se limitará necesariamente a reponer el decreto inicial, sino que podría incluir más organismos. La Casa Rosada ya no puede impulsar los cambios por decreto porque se vencieron las facultades delegadas que habilitaban la reestructuración. “Va a ser una revisión integral”, expresaron en el oficialismo.
La medida del año pasado había dispuesto la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. También contempló la eliminación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (ARICCAME), del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Por otra parte, propuso la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Tras el rechazo legislativo, el Ejecutivo restituyó por decreto la vigencia de las normas previas.
Profundizar el ajuste
La avanzada se alinea con el plan de la Casa Rosada de acelerar la reducción del empleo público. El último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con datos a febrero de 2026, sostiene que desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que equivale a una baja del 13 % del total.
Desde Balcarce 50 vincularon la revisión con la intención de profundizar el ajuste del gasto durante este año. El diagnóstico del Gobierno es que se debe avanzar sobre estructuras que consideran “superpuestas, sobredimensionadas o de baja productividad”.
En el Ejecutivo esperan que la reforma vuelva a abrir un frente de discusión con la oposición, gobernadores y gremios estatales, que ya cuestionaron tanto el alcance del rediseño como la vía elegida para instrumentarlo en 2025. El rechazo parlamentario de ese año forzó a Nación a retrotraer los cambios.
Por el momento, el Gobierno evita fijar una fecha de envío del proyecto y advierte que el texto llegará al Congreso en los próximos meses. Antes, buscará ordenar otras iniciativas en la agenda legislativa, como la Ley Hojarasca y el paquete de propiedad privada. La estrategia oficial es no abrir una discusión de alta conflictividad hasta definir el momento político y el volumen de apoyos que pueden reunir en ambas cámaras.