La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, de su esposa Bettina Angeletti y de personas señaladas en la causa como acreedoras, con el objetivo de reconstruir el circuito patrimonial y financiero de la pareja desde antes de su ingreso a la función pública.
La Justicia argentina resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y su esposa Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión fue firmada este miércoles por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, y alcanza también a los movimientos financieros de la firma AS Innovación Profesional, empresa de la que ambos son propietarios.
La medida apunta a profundizar el análisis patrimonial de la pareja y facilitar el acceso a información clave sobre activos, cuentas, depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades detectadas en el expediente.
También alcanza a seis presuntas acreedoras
Dentro de la misma resolución, Lijo ordenó además el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
La finalidad de esta decisión es reconstruir el origen de fondos y determinar si existieron préstamos reales, aportes documentados o eventuales maniobras incompatibles con la evolución patrimonial declarada por el funcionario.
Acceso total a cuentas, impuestos y activos
El juez hizo lugar al pedido de la fiscalía para acceder a toda la información protegida por la confidencialidad bancaria y fiscal, algo que solo puede habilitarse mediante autorización judicial, conforme a los artículos 39 de la ley 21.526 (entidades financieras) y 101 de la ley 11.683 (procedimientos fiscales).
La resolución también incluyó la apertura de datos protegidos por el artículo 22 de la ley 25.246, vinculada a información sensible en materia de lavado de activos.
Con esta medida, la fiscalía podrá revisar: depósitos y extracciones, transferencias emitidas y recibidas, inversiones y tenencias, compras de bienes, movimientos no declarados, declaraciones juradas fiscales y productos financieros de cualquier tipo.
La intención es seguir la trazabilidad del dinero, verificar la consistencia entre ingresos declarados y evolución patrimonial, y detectar si hubo maniobras que pudieran configurar delitos económicos, evasión o lavado.
La fiscalía busca reconstruir el patrimonio desde 2022
El fiscal Pollicita pidió que el relevamiento se realice desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, para analizar la situación patrimonial previa al ingreso de Adorni a la función pública y comparar las variaciones posteriores.
En ese marco, anticipó nuevas medidas, entre ellas un requerimiento al Banco Central de la República Argentina para obtener información sobre:
- Cuentas bancarias
- Cajas de ahorro y cuentas corrientes
- Tarjetas de crédito
- Cajas de seguridad
- Plazos fijos
- Créditos y préstamos
- Productos financieros
- Operaciones vinculadas a la firma MasBe
Además, solicitó que se releven posibles vínculos con billeteras virtuales, CVU, alias, cuentas de pago y plataformas del Sistema Nacional de Pagos, incluyendo la identificación de proveedores de servicios de pago y firmas intervinientes.
Qué datos deberá entregar ARCA
La fiscalía también pidió a ARCA toda la información disponible sobre Adorni, Angeletti y MasBe desde enero de 2022.
El requerimiento incluye la copia íntegra de las declaraciones juradas de: impuesto a las ganancias, bienes personales, formularios completos, anexos y papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y rectificativas, en caso de existir.
La causa busca determinar si hubo inconsistencias entre los bienes declarados, los préstamos registrados y el flujo real de fondos, en una investigación que ahora entra en una etapa de análisis patrimonial mucho más profunda