El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz realizará una inspección ocular al ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor. Durante la audiencia, el juez propuso una pericia técnica sobre el buque, lo que provocó la oposición de la fiscalía y la querella mayoritaria.
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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que conduce el juicio por el naufragio del ARA San Juan en Río Gallegos, dispuso una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz para el próximo 8 de mayo. La diligencia se realizará en los astilleros de Tandanor, en Buenos Aires, con el objetivo de que magistrados, fiscales, querellantes y defensas conozcan de primera mano la estructura y los sistemas del buque gemelo al siniestrado.
La visita judicial adquiere relevancia porque en las próximas semanas declararán los especialistas que elaboraron informes sobre el mantenimiento de la embarcación y las posibles causas de su hundimiento. El ARA Santa Cruz pertenece a la misma clase TR 1700 que el ARA San Juan y fue construido por la misma empresa alemana. Cuando el submarino perdido finalizó su reparación de media vida en 2014, el Santa Cruz debía iniciar su propio proceso de mantenimiento integral, pero el proyecto quedó suspendido y el buque permanece en desguace en el astillero estatal.
La propuesta que dividió a las partes
Durante la undécima audiencia del debate, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, planteó la posibilidad de realizar una pericia técnica sobre el ARA Santa Cruz. La propuesta, independiente de la inspección ya acordada, surgió por la insistencia de algunas partes sobre la falta de un análisis científico directo sobre los restos del naufragio. El juez sugirió que el ingeniero naval Ricardo Franceschelli, subdirector de Operaciones de Tandanor, podría llevar adelante la tarea.
Reynaldi explicó la iniciativa ante los presentes. “Como insistentemente durante el debate se hace referencia a la falta de una pericia, les estoy alcanzando los elementos, si quieren las partes hacer una por parte de una persona que tendría la idoneidad de realizarla (…). Corresponde a ustedes si quieren que se haga una pericia”, les dijo a los defensores y acusadores.
La querellante mayoritaria, Valeria Carreras, quien representa a 34 de las 44 familias, y el fiscal Gastón Pruzán se opusieron de inmediato. Carreras sostuvo que su hipótesis acusatoria no requería un nuevo análisis y recordó que el capitán Attis ya había declarado que no se encontraría nada útil en los restos del submarino. Además, consideró que la medida no era procesalmente viable. “No necesita ningún tipo de pericia”, afirmó. Pruzán coincidió y agregó que la etapa para ese tipo de medidas ya precluyó y que solo retrasaría el debate.
Por el contrario, el querellante Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas, valoró la predisposición del tribunal y rechazó la conclusión del oficial Attis. “Un profundo trabajo que hemos hecho durante años con especialistas que nos han ayudado de distintos lugares del mundo me dicen todo lo contrario. Como bien se dice en materia forense, los cuerpos hablan, incluso después de que no estén más con nosotros”, manifestó. El abogado invocó el antecedente de la tragedia aérea de Austral, donde los restos permitieron esclarecer lo sucedido. Afirmó que su querella insistirá “obsesivamente en la averiguación de la verdad, en este juicio o en el que venga”.
La postura de la defensa
El defensor de Claudio Villamide, Juan Pablo Vigliero, también se opuso a la pericia y criticó las omisiones de la etapa de instrucción. El letrado describió el costo personal que el proceso tuvo para su defendido. “Villamide, que era primero o segundo de promoción, que estaba por ascender a almirante y tenía una carrera rutilante, terminó en su casa cortando el pasto mirando televisión hasta que pudo rearmar su vida”, afirmó. Atribuyó esta situación a un Consejo General de Guerra “anómalo” y a una instrucción donde, a su juicio, debió realizarse el peritaje que ahora se discutía. Apuntó contra la jueza Marta Yáñez y la Cámara Federal.
Vigliero diferenció la inspección ocular, que sí apoyó, de la realización de una nueva pericia. “El objeto de este proceso penal -y lo recalco- no es descubrir la verdad. En la etapa de debate oral es determinar la existencia o no de hechos y eventualmente atribuir responsabilidad. Los hechos ya están. Los testigos ya están y hay que jugar con lo que se tiene”, puntualizó. Finalmente, cerró su intervención con una negativa rotunda. “Esta defensa enfáticamente se opone a que se realice un peritaje. Sí estamos de acuerdo en hacer una inspección porque ayuda e ilumina lo que ya tenemos. Pero no introducir una voz extraña”.
El juicio oral tiene en el banquillo a cuatro exoficiales de la Armada. Además de Villamide, están acusados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Todos negaron las acusaciones y sostuvieron que el buque estaba en condiciones de operar. Las audiencias se reanudarán el próximo 20 de mayo.