El padre de Ángel López, el niño de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia, encabezó una protesta en el Obelisco. Pidió que la Justicia investigue y castigue a los funcionarios judiciales y administrativos que otorgaron la custodia del menor a su madre, Mariela Altamirano, quien hoy afronta cargos por el crimen.
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La familia de Ángel López, el niño de cuatro años que murió el domingo 5 de abril en la ciudad de Comodoro Rivadavia, encabezó un reclamo de justicia en el Obelisco. A la manifestación se sumó la monja Martha Pelloni, una de las voces más fuertes cuando aborda casos de violencia contra mujeres o menores. El chico falleció en un hospital. Sin embargo, los médicos detectaron golpes en la cabeza y estos habrían derivado en su deceso. Por este motivo, las autoridades arrestaron a la madre del menor, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González. A la mujer la imputaron de homicidio con el agravante del vínculo.
Ambos quedaron tras las rejas luego de que la Justicia dictara la prisión preventiva. No obstante, Luis López, el padre del chico asesinado, exige también un castigo para los funcionarios judiciales y administrativos cuyos informes posibilitaron que la mujer tuviera la custodia del niño.
Luis López lideró esa manifestación a la que se sumaron varios padres y madres que atravesaron similares peleas judiciales por la custodia de sus hijos. Este punto constituyó el eje del reclamo. En las redes sociales, los manifestantes expresaron un mensaje contundente:
“Exigimos: ley contra falsas denuncias, no informes de parte, no pericias sin técnicas periciales, figura del arrepentido para hijos obligados a denunciar falsamente, custodia compartida igualitaria, mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención, empoderar a los papás en juzgados de familia sin ideología y con igualdad real, fin al abuso en los juzgados de Familia”.
Los manifestantes exhibieron carteles con consignas que rodearon al padre de Ángel. “¡Basta de informes psicológicos falsos! Castigo ejemplar ante falsas denuncias” y “Lo mataron con decisiones judiciales. Justicia por Ángel”, fueron algunas de las pancartas que portaron.
La mira sobre los funcionarios
Lorena Andrade, pareja del padre de Ángel, señaló a un medio local que “faltan todavía tres personas por estar detenidas: el juez Pérez, la psicóloga Leiva y la defensora de menores Roldán”. Esta declaración subraya la demanda de la familia de ampliar la investigación más allá de la madre y su pareja.
En los últimos días, se conocieron avances en el caso en Chubut. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (EIT) de la Circunscripción Judicial N° II de la ciudad de Comodoro Rivadavia por el plazo de sesenta días. Este grupo, compuesto por psicólogas y trabajadores sociales, debe verificar las condiciones socioambientales relacionadas con expedientes de familia.
Intervención y alcances
El EIT, junto con la asesora de Familia Verónica Roldán, participó en el expediente donde el juez de Familia Pablo Pérez decretó en noviembre la revinculación de Ángel López con su madre, Mariela Altamirano. La mujer permanece detenida desde el domingo por la muerte del chico, producto de un edema cerebral provocado por golpes que habría recibido mientras estaba bajo su cuidado. La intervención del STJ busca esclarecer el proceso que llevó a esa decisión.
Sin embargo, la resolución del STJ no alcanza al juez Pérez. Su actuación en ese caso solo puede analizarse en el marco de un jury de enjuiciamiento, un proceso diferente que requiere una instancia específica para determinar su responsabilidad.