El impulso a esta iniciativa cobró relevancia luego de la filtración de un correo del Pentágono que reavivó el debate geopolítico en torno a las Malvinas. El documento, revelado por la agencia Reuters, menciona la posibilidad de que Estados Unidos revise su postura diplomática sobre territorios en disputa, lo que generó repercusiones en el Gobierno argentino.
En ese escenario, desde el Ejecutivo aseguran que la construcción de la base en Tierra del Fuego cuenta con interés internacional y que en los últimos meses se reactivaron las conversaciones. “Es un proyecto que va a avanzar”, señalaron fuentes oficiales, que remarcan su valor estratégico en la región.
La ubicación de Ushuaia resulta clave, ya que se trata de uno de los principales puntos de acceso a la Antártida, en competencia con otros puertos como Punta Arenas, en Chile, o instalaciones en desarrollo en las Islas Malvinas. Para el Gobierno, el objetivo es fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar las capacidades logísticas.
Sin embargo, el proyecto enfrenta limitaciones económicas. La inversión estimada ronda entre los 400 y 500 millones de dólares y, según admiten en el oficialismo, no hay recursos disponibles sin financiamiento externo.
En paralelo, el avance de esta agenda estratégica convive con tensiones geopolíticas más amplias. Estados Unidos observa con atención la presencia de China en la región, especialmente en proyectos vinculados a infraestructura en Tierra del Fuego, lo que agrega una dimensión internacional al desarrollo de la base.
Mientras tanto, en el plano interno, el Gobierno atraviesa un momento complejo marcado por cuestionamientos a uno de sus funcionarios. Se trata del secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien reconoció no haber declarado propiedades y sociedades en el exterior, lo que generó malestar dentro del propio oficialismo.