De acuerdo con los detalles que se conocen de la investigación, el hombre habría sido identificado por los rastros que dejó al enviar correos electrónicos y gracias a las cámara de seguridad en los supermercados donde dejó los frascos adulterados.
Al parecer, la compañía recibió el 27 de marzo un correo electrónico en el que se le exigía el pago de dos millones de euros (unos 2,3 millones de dólares) hasta el 1 de abril para evitar la puesta en circulación de los frascos.
Sin embargo, la amenaza no fue leída por la empresa hasta varios días después de vencer el plazo, y los seis recipientes fueron despachados en los supermercados.