La compra de un avión de transporte por parte de la Fuerza Aérea Argentina quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que surgieran denuncias por presunto sobreprecio, irregularidades en la licitación y el estado en que habría sido entregada la aeronave.
Según reveló una investigación periodística del diario Clarín, el Estado habría pagado más de 4 millones de dólares por un Embraer ERJ-140LR usado, pese a que existían ofertas considerablemente más bajas por equipos similares.
La operación se concretó en 2025 mediante una licitación que, de acuerdo con las denuncias, avanzó en tiempos inusualmente rápidos y con escasa competencia. La adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., mientras que otras empresas habrían cuestionado el proceso por considerar que las condiciones favorecían de antemano a ese proveedor.
Uno de los puntos más cuestionados es el valor pagado por la aeronave. De acuerdo con la investigación, la Fuerza Aérea desembolsó unos 4.085.000 dólares por el avión, cuando otro oferente había presentado una unidad similar por alrededor de 2,3 millones de dólares. La diferencia supera 1,7 millones de dólares.
Además del presunto sobreprecio, informes técnicos posteriores habrían detectado problemas mecánicos y de mantenimiento en la aeronave adquirida. Entre las observaciones mencionadas aparecen signos de desgaste avanzado, posibles pérdidas de fluidos y faltantes de equipamiento considerado esencial para su operación.
Otro aspecto que alimentó las sospechas fue que el avión ya se encontraba pintado con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de que se completara formalmente la compra. Según las denuncias citadas en la investigación, la aeronave habría comenzado a ser acondicionada desde 2023, lo que generó cuestionamientos sobre una posible decisión tomada de antemano.
Las acusaciones también apuntan a otras adquisiciones realizadas por la Fuerza Aérea en los últimos años, incluyendo compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer, donde se habrían detectado inconsistencias en los procedimientos administrativos y en los valores abonados.