El Ejecutivo envió al Senado un proyecto para eliminar la ley de Etiquetado Frontal. Legisladores dialoguistas mostraron cautela y expresaron que no hay apuro para tratar la iniciativa, además de solicitar argumentos y estudios que respalden la decisión de derogar la norma por completo.
El Gobierno libertario envió al Senado un proyecto que deroga por completo la ley de etiquetado frontal, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, sancionada años atrás con amplio apoyo del Congreso. En un contexto de discusiones ríspidas sin saldarse en la Cámara alta, como la reforma política, legisladores de la oposición dialoguista deslizaron que no hay urgencia alguna en tratar el tema y que, además, pedirán los argumentos de los principales involucrados antes de avanzar.
Desde una bancada aliada al oficialismo, confiaron: “No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”. Por otra parte, recordaron desde otra bancada: “Hay otras iniciativas pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”. En un canal paralelo, varios legisladores siguen de cerca la ley de lobby que fue a Diputados, sobre todo en los tiempos actuales.
El texto del Ejecutivo para derogar el etiquetado frontal de alimentos lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. En los fundamentos, la Casa Rosada observó situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.
Argumentos del Gobierno
La administración central expresó que “la estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos, reduciendo los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”.
Según la perspectiva oficial, “determinadas restricciones incorporadas por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642 en materia de publicidad, comunicación comercial y utilización de elementos gráficos en envases implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria». En esa línea, La Libertad Avanza resaltó que “toda restricción regulatoria debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evaluando la existencia de mecanismos alternativos menos restrictivos que permitan alcanzar adecuadamente los objetivos de salud pública perseguidos, garantizando al mismo tiempo la protección del consumidor y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.
Impacto en las PyMES
La Casa Rosada planteó que “asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos de producción y comercialización”. Además, agregó que “tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios”.
El Ejecutivo concluyó que “el proyecto que se remite también procura reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno más competitivo, innovador y armonizable regionalmente, sin desatender los objetivos de salud pública y protección del consumidor. En consecuencia, la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”. Se aguarda el giro a comisiones en las próximas horas.