La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó un paro docente en todo el país con un alto nivel de adhesión, según informó el gremio, en reclamo por la apertura de la Paritaria Nacional Docente, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública. En paralelo, el Gobierno nacional desplegó controles para verificar el cumplimiento del servicio mínimo obligatorio y advirtió que aplicará sanciones en caso de incumplimientos.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevó adelante un paro docente en todo el país en medio de un clima de tensión con el Gobierno nacional. La medida de fuerza fue convocada en reclamo por la apertura de la Paritaria Nacional Docente, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública, mientras el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, fiscalizó el desarrollo de la jornada a través de agencias territoriales y advirtió que aplicará sanciones si no se cumple con el servicio mínimo establecido para las escuelas.
La huelga coincidió con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, e impactó en establecimientos educativos públicos de todo el país. Como consecuencia, no hubo clases en los niveles inicial, primario y secundario en numerosas instituciones, aunque algunas escuelas privadas desarrollaron actividades con normalidad.
Desde CTERA informaron que la medida “tuvo un altísimo acatamiento en todo el país, con una masiva participación de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en las distintas acciones y movilizaciones realizadas en cada provincia”.
A través de un comunicado, el sindicato sostuvo: “La contundencia del paro y la participación en las calles ratifican el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas del Gobierno Nacional”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta incluyó una movilización de la que participaron también la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Suteba y otros gremios del sector. Allí, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria” y la “falta de diálogo” por parte del Gobierno nacional.
Durante su discurso, la dirigente afirmó que los docentes perciben “salarios de hambre” y que se encuentran “endeudados” porque sus ingresos permanecen “congelados” y “no llegan a fin de mes”. Además, reclamó “de forma urgente” la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal, que actualmente se encuentra por debajo de la inflación.
Entre los principales reclamos sindicales también se incluyeron mejoras en el financiamiento educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el pago de los fondos nacionales destinados a la educación y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, en rechazo al proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa.
Alesso también cuestionó la falta de inversión en infraestructura escolar y aseguró que el Poder Ejecutivo “no construyó ni una sola escuela” desde el inicio de su gestión. Además, calificó la situación educativa como “peor que la de los años ’90”, al considerar que, al igual que durante los gobiernos de Carlos Menem, el Estado nacional “también se había desresponsabilizado” del financiamiento escolar.
Los dirigentes sindicales endurecieron sus críticas al Gobierno
Tras la jornada de protesta, dirigentes sindicales brindaron una conferencia de prensa en la que reiteraron sus cuestionamientos a la administración nacional.
El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, aseguró que “la República Argentina está atravesando una profunda crisis en el sistema educativo” y agregó: “No es una frase caprichosa, es parte de una realidad lamentable. En todos los niveles está padeciendo la falta de políticas que lo pongan en valor”.
Asimismo, expresó: “Hay una falta de reconocimiento en la tarea docente por parte del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, que ubican el salario inicial en la línea de pobreza y en algunos casos, en la línea de la indigencia. Me da vergüenza decir esto. El sistema educativo lo sostenemos los trabajadores. Pero le pedimos al Gobierno que dejen de dormir la siesta y atiendan a la educación”.
Por su parte, la secretaria general de SADOP, Marina Jaureguiberry, manifestó: “El mensaje es que hoy estamos defendiendo las condiciones de trabajo, de vida, de salud, las condiciones jubilatorias de nuestros compañeros y compañeras, pero también estamos defendiendo el sistema educativo argentino”.
Además, sostuvo: “Queremos que se reabra la paritaria no solamente para discutir el salario, sino para sumarle a la discusión el tema de las condiciones de trabajo. Más del 80% son compañeras mujeres, cabezas de familia, que cobran sueldos por debajo de la pobreza y mayoritoriamente tienen que tener un segundo o tercer trabajo por fuera de la docencia para sobrevivir. Esas son las condiciones en las que hoy estamos”.
El secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, también cuestionó al Ejecutivo nacional al señalar: “Lamentablemente tenemos un gobierno que es muy insensible ante los intereses de las grandes mayorías. No cumplen con la ley, con lo que se aprobó en ambas cámaras con lo del financiamiento universitario y después nos quieren hacer creer a nosotros que tenemos que cumplir la ley de reforma laboral que es totalmente regresiva y negativa. No lo vamos a hacer”.
En la misma línea, añadió: “Tenemos muy claro cuáles son los objetivos. Queremos una Argentina más inclusiva, que vuelva a generar esperanza y trabajo, y sobretodo que le devuelva la dignidad a los 47 millones de argentinos”.
A su turno, Octavio Argüello afirmó: “La educación es un tema horizontal, nos toca a todos. Un país que pierde su educación y cultura es un país que no sabe hacia dónde va”.
Finalmente, anticipó una posible profundización del conflicto sindical al sostener: “Creo que es evidente que vamos camino a un gran paro general, porque esto no lo vamos a arreglar solamente con conversaciones. Lo dijimos cuando asumimos. Teníamos tres puntas para luchar: la judicial, la legislativa y la calle. Y tenemos la calle. Ahí vamos a estar presentes, peleando por nuestros derechos”.
El Gobierno fiscaliza el paro y advierte con sanciones
El Ministerio de Capital Humano informó que, a través de las agencias territoriales y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fiscalizó el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante la medida de fuerza y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad registrado en las escuelas.
La cartera nacional advirtió que, si se detectan incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
Las agencias territoriales recopilarán información en todas las provincias, verificarán el funcionamiento de los establecimientos educativos y remitirán los resultados a la administración central. Estas dependencias actúan como enlace entre trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
La fiscalización se fundamenta en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. La normativa establece que, durante una medida de fuerza, la cobertura del servicio no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual.
Desde el Gobierno aclararon que una eventual sanción no será automática por el nivel de adhesión al paro. Previamente deberá constatarse el incumplimiento, determinarse la obligación que no fue respetada, identificar a la entidad responsable y desarrollarse el correspondiente procedimiento administrativo, con posibilidad de defensa y revisión judicial