Mientras el Gobierno nacional impulsa una ampliación de las atribuciones y capacidades de las Fuerzas Armadas, la cobertura sanitaria de miles de militares, retirados, pensionados y familiares atraviesa una compleja transición marcada por cortes de prestaciones, reclamos de afiliados, problemas financieros y conflictos laborales. La situación quedó nuevamente expuesta esta semana en Córdoba, donde personal civil y militar denunció que llevaba más de un mes sin atención médica.
El contraste adquirió particular visibilidad durante la llegada de una nueva tanda de aviones F-16 al Área de Material Río Cuarto. Mientras se desarrollaba el operativo de recepción de las aeronaves, integrantes de la Fuerza Aérea, trabajadores civiles y personal del Batallón de Arsenales de Holmberg realizaron una protesta para reclamar por la interrupción de prestaciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Según los trabajadores, unas 3.500 personas de Río Cuarto y la región estaban afectadas y continuaban realizando sus aportes pese a las dificultades para acceder a la atención.
La situación se produce en momentos en que el Poder Ejecutivo busca fortalecer el papel institucional y operativo de las Fuerzas Armadas. El 17 de septiembre, el presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento comenzó esta semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa procura ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas y contempla nuevas facultades vinculadas con la protección de infraestructura crítica y el control de espacios aéreos, marítimos, fluviales y lacustres.
Esa agenda de fortalecimiento militar convive, sin embargo, con una obra social que el propio Gobierno reconoció como afectada por un «desequilibrio estructural y desfinanciamiento». Esa fue una de las razones invocadas oficialmente para dictar, en febrero de este año, el DNU 88/2026, que dispuso la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y creó dos nuevas estructuras: OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa, y OSFFESEG, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
La norma estableció que la transición debía garantizar «la continuidad, integridad y calidad» de las prestaciones y fijó un plazo máximo de 365 días para completar el proceso. También ordenó mantener la cobertura de aquellos pacientes que estuvieran atravesando tratamientos que no pudieran ser interrumpidos.
En la práctica, el proceso presentó dificultades. En abril, el propio IOSFA informó que comenzaba una «normalización progresiva» de la atención luego de reconocer problemas registrados durante los meses anteriores en prestaciones, servicios de farmacia, reintegros y pagos a proveedores. La comunicación oficial señaló que los primeros fondos recibidos permitirían comenzar a regularizar esas obligaciones.
Cinco meses después, los reclamos continuaban. En Río Cuarto, afiliados denunciaron a fines de septiembre que la OSFA llevaba más de 30 días sin brindarles prestaciones médicas. Medios cordobeses, estimaron que el desequilibrio financiero rondaba los $260.000 millones y sostuvo que una solución excedía las posibilidades de las autoridades locales y debía provenir del Gobierno nacional.
Ante la falta de atención, la delegación local gestionó que determinados afiliados pudieran recurrir al hospital público de Río Cuarto. Los trabajadores advirtieron, sin embargo, que se trataba de una respuesta transitoria: además de continuar realizando sus aportes a la obra social, algunos afiliados encontraban dificultades para ser recibidos por efectores públicos debido a que formalmente contaban con cobertura.
Una estructura que alcanza a más de 324 mil beneficiarios
La dimensión nacional del problema queda reflejada en el universo que debe absorber la nueva OSFA. Un documento oficial fechado el 22 de septiembre, al que accedió REALPOLITIK, distribuyó aproximadamente 324.033 beneficiarios entre 13 delegaciones de todo el país. El Área Metropolitana de Buenos Aires concentra 116.570 personas; Puerto Belgrano, 39.831; y Córdoba, 34.555. Entre esas tres jurisdicciones reúnen casi el 59% de la población registrada.
Misiones figura en ese esquema con 8.149 beneficiarios, mientras que Corrientes —cuya jurisdicción también comprende Chaco y Formosa— contabiliza 15.279. El documento detalla la cantidad y distribución territorial de los afiliados, aunque no informa la disponibilidad efectiva de prestadores, contratos médicos o el estado de los pagos.
La transición presenta además una particularidad administrativa. IOSFA continúa sosteniendo determinadas prestaciones mientras avanza su liquidación, al mismo tiempo que OSFA construye su propia estructura contractual. El 22 de septiembre, IOSFA pidió a prestadores y proveedores que anularan facturas emitidas a nombre de OSFA porque, según indicó oficialmente, todavía no existían acuerdos, convenios o contratos que respaldaran esa facturación.
El Gobierno había dispuesto que este proceso no podía producir interrupciones en la atención. El DNU 88/2026 estableció específicamente que IOSFA debía continuar atendiendo a quienes todavía no hubieran sido transferidos y, especialmente, a pacientes con tratamientos de salud que no admitieran interrupciones.
De una obra social unificada a dos sistemas diferentes
La reorganización también modificó el esquema sanitario que durante años compartieron militares y efectivos de las fuerzas federales de seguridad. Desde junio, los integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzaron a ser derivados hacia OSFFESEG, la nueva obra social dependiente del Ministerio de Seguridad.
IOSFA informó en ese momento que la cobertura de los afiliados provenientes de las fuerzas federales pasaría a funcionar mediante OSFFESEG y su gerenciadora Medicus. Al mismo tiempo, aclaró que algunos pacientes continuarían provisoriamente dentro del antiguo instituto para evitar la interrupción de tratamientos de alta complejidad y garantizar la provisión de medicamentos para patologías crónicas.
Por eso, aunque IOSFA históricamente agrupó a personal militar y de seguridad, la crisis actual debe analizarse dentro de un sistema en plena separación: OSFA quedó destinada principalmente a las Fuerzas Armadas y OSFFESEG a las fuerzas federales de seguridad.
Incertidumbre laboral y cambios en la conducción
Las dificultades sanitarias se superponen con un conflicto laboral. Página/12 informó el 25 de septiembre que el Gobierno proyectaba la desvinculación de 576 trabajadores del IOSFA en el contexto del traspaso de hoteles y otras dependencias. El conflicto derivó en protestas gremiales y coincidió con un nuevo cambio en la conducción del instituto encargado de la liquidación.
En Córdoba, el problema volvió a aparecer esta semana: alrededor de 300 trabajadores de siete complejos turísticos vinculados al organismo quedaron bajo incertidumbre laboral y presentaron reclamos ante el Ministerio de Defensa.
El cuadro combina, de ese modo una profunda reorganización administrativa, reclamos por falta de atención y tensiones laborales. El desafío oficial es todavía mayor porque el DNU que creó OSFA no solamente ordenó sostener las prestaciones durante la transición, sino que estableció que la nueva obra social deberá brindar una cobertura que nunca podrá ser inferior al Programa Médico Obligatorio.
El contraste con el fortalecimiento militar
La crisis sanitaria ocurre, además, durante una etapa en la que el Gobierno nacional sostiene públicamente que busca reconstruir las capacidades militares argentinas. En abril, Milei anunció que destinaría el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para el sistema de defensa. Ese proceso incluyó el reequipamiento militar y la incorporación de los F-16.
A ese programa se sumó ahora el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Según la explicación oficial, la iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales frente a amenazas externas. De acuerdo con el análisis de Chequeado, el proyecto también amplía el concepto de Defensa Nacional y los supuestos de actuación de las Fuerzas Armadas frente a determinados riesgos y en la protección de infraestructura estratégica.
Así, mientras el Ejecutivo plantea una mayor capacidad operativa para las Fuerzas Armadas y avanza con inversiones en equipamiento, una parte del personal al que se pretende asignar esas responsabilidades reclama por dificultades para acceder a una prestación básica: la atención sanitaria propia y de sus familias.
Las protestas en Río Cuarto sintetizaron esa contradicción. Durante la recepción de los nuevos F-16, trabajadores de la propia Fuerza Aérea denunciaron que quienes deberán operar, mantener y sostener las nuevas capacidades militares llevaban semanas con inconvenientes en su cobertura médica. La escena expuso uno de los desafíos pendientes del proceso de reorganización: que el fortalecimiento material de las Fuerzas Armadas sea acompañado por un sistema de salud capaz de garantizar efectivamente las prestaciones establecidas para su personal