En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el oficialismo alcanzó un acuerdo con los bloques aliados para restituir los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, buscando frenar el avance de la oposición para derogar el DNU 70/23 en el recinto. La medida se introdujo mediante dos artículos al dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo debate se fijó para el 21 de octubre. De aprobarse las modificaciones, el proyecto deberá retornar al Senado para su sanción definitiva.
El oficialismo acordó en la Cámara de Diputados con las bancadas aliadas la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, logrando dictaminar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado desde principios de agosto, fue agendada para su tratamiento en el recinto el próximo 21 de octubre. Con esta movida, La Libertad Avanza busca restarle impulso a la sesión convocada por la oposición con el fin de derogar el mega DNU 70/23 y evitar el impacto que significaría tumbar en su totalidad la norma desreguladora del Poder Ejecutivo.
La reunión de comisiones se produjo un día antes de la sesión impulsada por la oposición contra el decreto firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión. La estrategia oficialista apuntó a ofrecer una alternativa para aquellos bloques aliados que objetaban la liberación irrestricta en la compra de tierras, pero que no deseaban la caída integral del DNU, el cual derogó normativas como las leyes de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional, además de liberar cuotas de prepagas, tasas bancarias y desregular el mercado aéreo. Desde el espacio libertario señalaron que reinstaurar el tope a los inmuebles rurales permitía alcanzar consensos y esquivar la incertidumbre administrativa y procesal que generaría la nulidad total del decreto.
El texto del dictamen sumó las propuestas presentadas al inicio del plenario por el diputado radical Diógenes González. A través del artículo 38 se deja sin efecto el artículo 134 del DNU 70 (que anulaba la regulación de tierras), mientras que el artículo 39 reestablece la vigencia de la Ley 26.737. Esta decisión se alinea con la cautelar interina dictada por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso temporalmente la aplicación de la norma aprobada en diciembre de 2011 durante el gobierno kirchnerista. Dicha ley prohíbe que personas físicas o jurídicas extranjeras posean más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de ese cupo y restringe adquisiciones en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua relevantes.
Durante el debate, la diputada peronista Paula Penacca cuestionó el giro del oficialismo señalando que terminaron recurriendo a una propuesta del Senado para reponer una ley promulgada bajo la gestión de Cristina Kirchner. Desde la oposición remarcaron la contradicción de firmar un dictamen que rectifica un punto firmado por el propio Presidente de la Nación dentro de su decreto inicial.
Por su parte, el proyecto general de Inviolabilidad de la Propiedad Privada contempla además regulaciones sobre otros aspectos: establece que el Estado deba fundamentar estrictamente la utilidad pública para realizar expropiaciones, fija que la indemnización se calcule según el valor de mercado considerando el lucro cesante, dispone un plazo de 72 horas para la restitución sumaria de inmuebles usurpados previa acreditación documental de titularidad, e incorpora un trámite de desalojo por falta de pago con una intimación previa de 10 días para cancelar la deuda. Al haberse modificado en la Cámara baja, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Senadores para su aprobación final.