La Cámara de Diputados se reúne este miércoles a las 12 del mediodía en una extensa sesión especial que se perfila para extenderse hasta la madrugada del jueves. Con el quórum prácticamente garantizado tras el fallido intento opositor de la semana pasada, el oficialismo acude con confianza para defender sus dictámenes de mayoría. Sin embargo, bloques opositores como Unión por la Patria aguardan la apertura del recinto para dar la pelea en temas sensibles como la emergencia en Discapacidad y el alivio financiero a morosos.
La Cámara de Diputados de la Nación dará inicio este miércoles a partir de las 12 del mediodía a una jornada clave en el recinto que promete extenderse durante varias horas hasta bien entrada la madrugada del jueves. Tras el fracaso por falta de quórum registrado en la sesión convocada por la oposición el jueves anterior, la iniciativa quedó en manos del oficialismo de La Libertad Avanza.
La bancada gubernamental llega confiada en garantizar el número de legisladores necesarios para abrir el debate e imponer sus propios dictámenes de mayoría, mientras que diversos espacios opositores adelantaron que bajarán al recinto para dar la discusión en temas de alta sensibilidad social.
El temario estipulado para la orden del día comenzará con la discusión del proyecto remitido por el Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta propuesta modifica el régimen vigente de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la continuidad de la Ley de Tierras. Asimismo, los legisladores abordarán una iniciativa de carácter transversal impulsada de manera conjunta por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la exlegisladora Mónica Fein, orientada a establecer la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo como el fentanilo, y un proyecto que prevé el endurecimiento de penas contra el vandalismo rural.
El punto de mayor fricción política estará concentrado en el tratamiento de la problemática de Discapacidad. El oficialismo llega con un dictamen consensuado junto a Argentina Federal y el MID que incorpora los beneficios de la Ley 27.793, pero le quita la condición de emergencia transitoria para otorgarle carácter de ley de orden público y permanente. Por su parte, sectores opositores defienden la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, argumentando que este marco legal obliga perentoriamente a la Justicia a resolver 324.303 solicitudes de pensión pendientes y compensar aranceles a prestadores.
Desde Unión por la Patria señalaron además que el proyecto oficialista endurece los requisitos, mantiene divididas las pensiones por invalidez laboral y discapacidad, delega la evaluación a la reglamentación y no garantiza el financiamiento ni el pago de la deuda por atraso arancelario del 30,67%; posición en la que aseguran contar con el respaldo del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), el Foro Permanente Discapacidad, asociaciones de transportistas y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal.
Finalmente, el debate sobre el endeudamiento familiar plantea un escenario con resultado abierto. Mientras que el dictamen de mayoría de LLA, el PRO y la UCR se limita a exigir mayor información al usuario sobre los créditos para prevenir la morosidad sin regular tasas ni refinanciaciones, la contrapropuesta formulada por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone una «ley de regularización y alivio financiero». Esta última iniciativa busca declarar la emergencia por 180 días e instrumentar un plan de refinanciación de al menos 12 cuotas con un tope del 30% de los ingresos para deudores con moras superiores a 60 días y montos de hasta $3.265.010 (equivalentes a dos canastas básicas totales del hogar tipo 2).