La estrategia de Cristina Kirchner para volver a competir electoralmente en los comicios de 2027 sufrió un nuevo revés luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerrara su período de sesiones en Ginebra sin tratar la presentación de su defensa para revertir la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos impuesta en la causa Vialidad. La falta de pronunciamiento público y el pase del expediente a la agenda de marzo de 2027 extienden la incertidumbre sobre la situación de la exmandataria.
El planteo internacional constituye uno de los ejes centrales de la estrategia política y judicial de la expresidenta para recuperar sus derechos políticos. La presentación ante el organismo multilateral fue impulsada por sus abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim, quienes denunciaron presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y solicitaron medidas cautelares con el objetivo de suspender los efectos de la sentencia penal, principalmente la inhabilitación para competir en las urnas.
A pesar de que el Comité de la ONU fijó su próxima convocatoria para marzo del año próximo, en el entorno cercano a Cristina Kirchner aún sostienen la expectativa de que el cuerpo internacional pueda expedirse antes, amparándose en el carácter urgente del reclamo cautelar. Sin embargo, desde el propio organismo ya se había advertido que el análisis de las comunicaciones individuales suele demandar varios años debido al abultado volumen de expedientes. En su última reunión, el Comité resolvió diversos casos y postergó otros por falta de tiempo, sin precisar cuáles quedaron en lista de espera.

Impacto en la interna del peronismo y el antecedente de Lula
El trámite internacional repercute de manera directa en el mapa político interno del peronismo. La eventual candidatura de la exmandataria en 2027 atraviesa la discusión por el liderazgo de la oposición y alimenta la disputa con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, proyectado también como aspirante presidencial. Para el espacio que responde a la expresidenta, la búsqueda de una resolución internacional favorable resulta indispensable para sostener su centralidad en la reorganización del movimiento.
En su argumentación, la defensa de Kirchner tomó como referencia el antecedente del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuando en 2018 el Comité de Derechos Humanos recomendó a Brasil que garantizara su participación electoral mientras se revisaba la condena. Sin embargo, aquel proceso mostró sus límites: el Tribunal Superior Electoral de Brasil terminó rechazando la postulación del líder del PT.
De todos modos, cabe remarcar que el Comité de la ONU no funciona como un tribunal de apelación directo ni posee la facultad de anular fallos emitidos por el Poder Judicial argentino. De registrarse una hipotética recomendación favorable a las medidas cautelares, requeriría indefectiblemente la ratificación o adecuación por parte de las autoridades nacionales para modificar las consecuencias operativas de la condena