Familiares de ciudadanos uruguayos asesinados y desaparecidos en Argentina durante el Plan Cóndor de represión de las dictaduras regionales impulsan una querella en el país vecino para dar con los autores materiales de esos crímenes, que pudieron estar relacionados con un centro clandestino de detención del barrio porteño de Floresta.
Esa prisión ilegal funcionó en Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires, cerca del emblemático centro de detención Automotores Orletti, y fue descubierto el año pasado.
Las víctimas son los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio de militantes políticos que formaban William Whitelaw y Rosario Barredo, todos ellos uruguayos refugiados en Argentina que el 20 de mayo de 1976 aparecieron muertos en un auto en el bajo Flores, atados y con varios balazos en sus cuerpos.
A estos asesinatos se suma la desaparición del médico uruguayo Manuel Liberoff, quienes al igual que sus cuatro compatriotas pudieron haber pasado por el centro de Bacacay, conocido como «La Cueva» o «el Jardín», según una línea de investigación que se sigue en el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas.
De esta causa también formarían parte los secuestros e intentos de apropiación que sufrieron hijos de Whitelaw, María Victoria, que al momento de los hechos tenía un año y medio, y Máximo, de dos meses-.
Además, el caso de Gabriela Schroeder, hija de la pareja que Barredo había formado anteriormente con Gabriel Schroeder, militante de la organización Tupamaros asesinado el 14 de abril de 1972.
Whitelaw y Barredo fueron secuestrados juntos con sus hijos el 13 de mayo de 1976, en el domicilio que habitaban en la calle Matorras 310.
El secuestro y la investigación
Michelini y Rodríguez Ruiz fueron capturados el 18 de mayo y Liberoff entre la noche del 19 y el 20, y todos esos delitos fueron ejecutados por agentes del Servicio de Información y Defensa (SID), de Uruguay, en coordinación con agentes de la exSIDE y el Ejército Argentino que operaban en Automotores Orletti, lugar que estaba bajo órdenes del general Otto Paladino y capitaneado por agente parapolicial Aníbal Gordon.
Orletti funcionó entre mayo y noviembre de 1976, y fue el destino final de muchos ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras militares del Cono Sur de los años ’70.
En julio del año pasado, a partir de documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, se pudo dar con la ubicación del centro de Bacacay 3570, que habría funcionado con anterioridad y en paralelo a Orletti.
A partir de este hallazgo, Rafecas, a cargo de la instrucción por los delitos que se cometieron en el primer cuerpo de Ejército, llamó a declarar a Gabriela Schroeder, quien desde Uruguay, y a través de medios electrónicos rememoró las alternativas del secuestro de su familia, que vivenció cuando tenía cuatro años.
Gabriela y sus hermanos estuvieron secuestrados entre el 13 y el 29 de mayo, fueron llevados a un lugar, donde ella recuerda que estuvo con Willy (su padre de crianza), su madre Rosario y sus hermanos.
En ese lugar, se despidió de sus padres y luego fue llevada a un departamento y una casa, donde había cosas que estaban en la vivienda donde vivía y pudo reencontrarse con sus hermanitos.
«Creo que intentaron apropiarse de mí, y de mis hermanos, pero la actitud que tuve frente a mis captores en esos días permitieron que volviera con mi familia a Uruguay»
«Creo que intentaron apropiarse de mí, y de mis hermanos, pero la actitud que tuve frente a mis captores en esos días, en los que preguntaba por mis padres y mis hermanos, y el accionar de mi abuelo, Juan Pablo Schroeder y mi tío Gustavo, permitieron que volviera con mi familia a Uruguay», señaló Gabriela a Télam.
Gabriela recuerda que junto con sus hermanos fue dejada en un hospital y luego en una comisaría, donde su abuelo y su tío pudieron recuperar a los tres chicos.
En su declaración dio detalles sobre el primer lugar donde estuvo, y afirmó haber escuchado un tren, un dato que da indicios sobre su cautiverio en Bacacay 3570, muy cercano a las vías del ferrocarril Sarmiento.
«Declaré primero en el juicio de la causa (Jorge) Olivera Róvere (por los delitos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército), conté las alternativas del secuestro de mis padres y hermanos, pero mis recuerdos no coinciden con los planos que me mostraron de Orletti», afirmó.
En octubre pasado, Gabriela presentó una denuncia ante la Fiscalía de Lesa Humanidad de Uruguay, a cargo de Ricardo Perciballe, para que se investigue la autoría material del secuestro de sus padres.
Este año se sumaron a la querella la familia Liberoff, cuyos integrantes declararon en el juzgado de Rafecas tras el hallazgo de Bacacay 3570, y también de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Las tres denuncias se unificaron en una sola causa que es patrocinada por el abogado Pablo Chargoñia, quien trabaja con una línea de investigación que apunta a José Nino Gavazzo, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Ricardo José Medina Blanco, José Ricardo Arab Fernández y Gilberto Vázquez Bisio, represores uruguayos del SID que actuaron en Argentina en la órbita de Orletti.
«Consideramos que la línea de investigación debería apuntar a los agentes del SID. Se trata de delitos cometidos en Argentina por agentes estatales de Uruguay», remarcó el letrado a Télam.
Por estos hechos fueron condenados como autores intelectuales el dictador Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco, y tras el hallazgo de Bacacay 3570 se presenta la oportunidad de avanzar sobre los represores del SID uruguayo.
«La investigación está avanzada y además de los secuestros investigamos móviles económicos, como apropiación de fondos de organizaciones políticas y sustracción de bienes personales de las personas que fueron secuestradas», afirmó a esta agencia el fiscal Perciballe.
Un centro clandestino oculto durante décadas y hallado por documentos desclasificados
El juez federal Daniel Rafecas comunicó en julio de 2020 la identificación de un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura militar y que estaba ubicado en la calle Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta.
La vivienda es actualmente una casa de familia, ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, y en la que hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas, según testimonios brindados en sede judicial.
El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a Orletti y el dato de su existencia surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.
Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado.
El inmueble habría sido alquilado por la SIDE hasta 1977, cuando se vendió.
Los testimonios en la causa indican que las víctimas «eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello», explicaron fuentes del caso.
Fuentes judiciales están convencidas de que el centro de la calle Bacacay se utilizó también para las operaciones del llamado Plan Cóndor, no solo por su vinculación con Automotores Orletti sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos.
En una causa judicial que se sigue por los delitos de Orletti, hay declaraciones de dos víctimas, realizadas en forma remota durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, que describieron el inmueble de manera coincidente.
Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos contaron a Télam que desde hace tres años se maneja información con respecto a la existencia de este lugar, que varios represores de Orletti habían aludido como «El Jardín» o «La Cueva».
La primera información sobre ese centro que funcionó como parte de la estructura represiva que se centraba en Orletti la dio la sobreviviente Mercedes Naveiro -ya fallecida-, quien confirmó que estuvo en una casa con «dos cocinas».
Con esos datos, el juzgado a cargo de Rafecas inició una investigación y dio con María Ester Poggi, quien junto a su esposo compró esta vivienda en 1977 y tiempo más tarde le hicieron reformas y descubrieron que había un sótano en ese lugar.
La mujer hizo un croquis de la vivienda, brindó detalles de su ubicación en el barrio de Floresta y esos datos coincidieron con la información que apostaron dos sobrevivientes que pasaron por ese centro clandestino.
Se trata de Emma Lebozec y Ana Larrea de Jaroslavsky -residente en París-, quienes realizaron en mayo pasado una descripción por videoconferencia que conformaba los datos del inmueble que tenían en el juzgado.
«Ninguna de las dos mujeres sabían dónde habían estado. Es más, pensaban que habían estado alojadas en la Comisaría 50 de la Capital Federal», indicaron desde el Juzgado Número 3 a cargo de esta causa.
Además, los compradores de la casa en 1977 fueron ubicados y declararon en el juzgado que cuando ingresaron a la propiedad «encontraron en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo y también zapatos de hombre».
Orletti era un taller mecánico de Floresta, que fue alquilado entre mayo y noviembre de 1976 por agentes de inteligencia, con documentos falsos, para ser usado como lugar de detención ilegal.
Fuente: telam