La documentalista y realizadora Virginia Croatto, querellante en el juicio de la causa de «Contraofensiva Montonera», aseguró que los familiares de las víctimas siguieron «un camino colectivo que les permitió encontrar justicia después de tantos años», tras el fallo del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín que esta semana condenó a prisión perpetua a cinco represores por delitos de lesa humanidad.
«Siento que después de tantos años de lucha, los familiares de las víctimas y los querellantes logramos que el Estado nos escuchara. Es muy importante que el fallo de los jueces haya mencionado que nuestros padres, madres, hermanos, y hermanas hayan sido reconocidos como perseguidos políticos», señaló Croatto en declaraciones a Télam.
Virginia es hija del exdiputado nacional Armando Croatto, integrante de Montoneros que murió en 1979, cuando había retornado al país desde el exilio para sumarse a la «Contraofensiva», un intento de esa organización de volver a combatir contra la dictadura cívico-militar en el territorio argentino.
Varios de las hijas e hijos de esos militantes que retornaron a Argentina en 1979 y 1980 para sumarse a un proyecto de resistencia popular, permanecieron en La Habana, Cuba, en una guardería al cuidado de otros integrantes de esa organización.
Por la vía virtual, el juicio fue seguido por familiares y compañeros que estaban en Europa, México e Israel.
En base a esas vivencias, Virginia dirigió el documental «La Guardería», una historia sobre aquel lugar en el cual convivió con otros chicos del exilio y que era dirigido por su madre Susana Brardinelli.
El jueves pasado, en los Tribunales de San Martín se puso fin al debate de una causa de la «Contraofensiva», en la que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos por el aparato de inteligencia de la última dictadura contra los militantes montoneros que emprendieron ese fallido retorno.
Cinco represores, Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio, y fueron sentenciados a prisión perpetua que deberán cumplir de manera efectiva.
En función de las limitaciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus, Virginia y otros querellantes debieron presenciar la lectura del veredicto en la playa de estacionamiento de los Tribunales de San Martín, mientras otros familiares y público en general siguieron las alternativas de esta audiencia por el canal de YouTube del sitio «La Retaguardia», que cubrió la mayor parte de este proceso oral que se prolongó durante más de dos años.
«Después de tantos años de lucha, los familiares de las víctimas y los querellantes logramos que el Estado nos escuchara» planteó Virginia..
«Por la vía virtual, el juicio fue seguido por familiares y compañeros que estaban en Europa, México e Israel. Hubo muchos reencuentros a lo largo de todos estos años. Y todo eso fue muy movilizador para nosotros», apuntó Virginia.
En ese proceso oral, se analizaron crímenes en perjuicio de 94 víctimas, y sus familiares formaron un colectivo de más de 200 personas que impulsó este juicio.
Entre los integrantes de este colectivo de querellantes y familiares estuvieron Florencia Tajes Albani, Ana Montoto Raverta, Martin Mendizabal, Oscar Benitez, Joaquin Frias, Maria Jose Lujan, Maria Maggio, Benjamin Antonio, Luis Picoli, Ana Maria Avalos, Luciana Milberg, Susana Brardinelli, Lucia Presta, Carolina Romagnoli, Daniel Cabezas y Gustavo Molfino, entre otros.
«Fue para nosotros muy importante que en su alegato, la fiscal (Gabriela) Sosti haya hablado del ‘derecho a la resistencia que tienen los pueblos’ ante las dictaduras. También quedó en claro que a nuestros padres no los obligaron a volver, lo hicieron porque estaban convencidos», remarcó Virginia.
«Eran militantes, que tenían contradicciones, miedos, pero decidieron que no podían quedarse con los brazos cruzados ante el avance de una dictadura»
La cineasta también ponderó el trabajo que realizó en el juicio el abogado de la querella Pablo Llonto, que también fundamentó en su alegato la tesis de la Contraofensiva como un hecho de resistencia a una tiranía.
Y en ese sentido agregó: «Eran militantes, que tenían contradicciones, miedos, pero decidieron que no podían quedarse con los brazos cruzados ante el avance de una dictadura».
Armando, el padre de Virginia, resultó asesinado en Munro, en septiembre de 1979, por los grupos de tareas de la dictadura, cuando estaba junto Horacio Mendizábal, un importante cuadro de Montoneros que fue trasladado herido y murió dos días más tarde en Campo de Mayo.
«En estos años, encontramos un excolimba que nos contó a mí y a Martín (Mendizábal, el hijo de Horacio) que vio los cuerpos de nuestros padres y pudimos saber cosas importantes de esa historia y de la causa. Son parte de las muchas cosas que pudimos reconstruir entre todos», indicó.
«Siento que este juicio fue un cierre de muchas cosas pero que se abrieron otras. Tenemos que seguir juntos porque otros juicios que se van a venir después de esta causa»
A lo largo de la audiencias, los integrantes de este colectivo llevaron como emblema una rosa roja, de fantasía, que fueron tejidas por Irma Ortolani que tiene 98 años y es la madre de Susana Brardinelli.
«Fue la forma que tuvo de acompañarnos. No pudo estar en el final de juicio por su edad, pero estuvo junto a mi mamá cuando tuvo que declarar. Siento que este juicio fue un cierre de muchas cosas pero que se abrieron otras. Tenemos que seguir juntos porque otros juicios que se van a venir después de esta causa», subrayó.
«Lo fundamental, para nosotros es el camino colectivo que emprendimos y nuestro crecimiento como grupo. Ir por más justicia», concluyó.
Los militantes de la Contraofensiva montonera «no fueron engañados», señaló la fiscal Sosti
La fiscal federal Gabriela Sosti consideró que los integrantes de la organización Montoneros que participaron de la “Contraofensiva” de 1979 y 1980 “no fueron engañados y obligados a retornar al país” y volvió a reivindicar “el derecho a la resistencia” ante la dictadura como lo hizo en el alegato del juicio que concluyó el jueves pasado en los Tribunales de San Martín.
“Los integrantes de Montoneros que decidieron volver al país para combatir a la dictadura no fueron engañados ni obligados por la conducción de la organización. Ese es uno de los grandes mitos que rondaron en torno a este tema y dejamos claro en nuestro alegato que eso no sucedió”, señaló Sosti en declaraciones a Télam.
La Contraofensiva fue un intento de Montoneros de generar una etapa de resistencia social en la Argentina que era gobernada por la dictadura y fue llevada a cabo por militantes que volvieron al país desde el exilio.
La acción fracasó y los integrantes de esta organización político-militar sufrieron hechos de terrorismo de Estado que se analizaron en un proceso oral y público que comenzó en abril de 2019.
El Tribunal Oral Federal número 4 (TOF) de San Martín condenó esta semana a prisión perpetua de cumplimiento efectivo a Roberto Dambrosi, exjefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, exjefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo; Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.
Todos ellos formaron parte de la estructura de inteligencia de la última dictadura cívico militar que utilizó un aparato para perseguir, secuestrar y torturar a militantes de Montoneros en delitos de lesa humanidad que se cometieron incluso más allá de los límites de Argentina, y en países como Brasil, España, Bolivia y Perú.
En un extenso alegato formulado a fines del año pasado, Sosti defendió “el derecho a la resistencia a la dictadura por parte de los militantes que formaron parte de la “Contraofensiva”, y describió los hechos de represión ilegal que padecieron como parte de un plan sistemático de genocidio.
“Lo que intenté en este juicio de lesa humanidad y en todos los que tengo que acusar es dar un contexto histórico, social y político en el cual se cometieron los crímenes. El derecho tiene a veces un discurso pobre; una mirada que se esconde desde una pretendida neutralidad, como si las leyes no fueran el resultado de una puja”, sostuvo la fiscal.
En ese sentido, la funcionaria judicial afirmó que el aparato de inteligencia de la dictadura ejerció “una acción psicológica que hizo posible la invisibilización” de los sectores que se enfrentaron a ella.
“Nos cuentan que la dictadura terminó con la derrota en la Guerra de Malvinas y se ignora la lucha que dio el movimiento obrero y las organizaciones políticas. Los asesinos que fueron condenados formaban parte de una estructura de inteligencia que sabían que los militantes venían a recomponer una red de resistencia y por eso los persiguieron y mataron. Hubo una invisibilización del poder de esa lucha”, apuntó.
Al emitir su sentencia, el TOF 4 ordenó que se abrieran nuevas investigaciones judiciales a partir de los hechos que se ventilaron en el juicio de “Contraofensiva”.
En la actualidad, hay un proceso que se denomina “Contraofensiva II, que se encuentra en la etapa de alegatos y en el cual Sosti ejerce la representación del Ministerio Público Fiscal.
“Lo importante es que se profundicen las investigaciones y que continuemos indagando sobre el aparato de inteligencia de la última dictadura militar y ese poder que montó en Argentina 600 centros clandestinos de detención ilegal”, subrayó la fiscal.