En todo el país, y probablemente en todo Latinoamérica, es extendido el debate sobre el acceso a una vivienda digna o a una porción de tierra destinada a la producción agrícola minifundista. Hace décadas que conviven en la provincia disputas sobre la distribución de los terrenos ociosos, las titularidades de terrenos fiscales y la ocupación de terrenos por parte de comunidades organizadas. Sin embargo, es una temática que fue reiteradamente atendida y programada con miras a ser resuelta de manera estructural.
Bárbaro y un audio maldito
El pasado viernes 18 de junio, un desalojo fue ordenado por el Juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción III de San Vicente, y dio lugar a varios debates que hoy atraviesan la agenda pública provincial.
En un primer momento, este hecho logró masividad cuando se difundió por Whatsapp un audio donde se oía al Diputado Nacional en funciones, Héctor “Cacho” Bárbaro. En este corte, Bárbaro instaba a sostener una serie de manifestaciones y cortes de ruta para protestar en lo que consideran, desde el Partido Agrario y Social, una acción “pacífica” para poder interpelar a quienes deben resolver sobre el pedido de nulidad presentado por las familias desalojadas.
Esta acción generó una primera controversia por las formas que esboza el Diputado al referirse a la acción con la que amenazaban (y efectivamente llevaron a cabo). Bárbaro sugería la necesidad imperiosa de actuar urgentemente, buscando torcer la voluntad del ejecutivo municipal o provincial, y que avancen en comprar estas tierras en disputa, para satisfacer la necesidad edilicia de las 14 familias que habitaban este terreno. Entonces se dispararon cataratas de opiniones a favor y en contra de Bárbaro y del PAyS en redes sociales, acusándolo en el segundo caso de aliarse con el dirigente Martín Sereno (referente del PAyS y del Movimiento Evita). Se sugirió incluso que se estaba alentando de esta manera a la usurpación indiscriminada para convertir a Misiones en una “nueva Guernica”, haciendo alusión al mediatizado conflicto de tierras ocurrido en el partido bonaerense de Presidente Perón.
Soslayar los detalles de esta situación de conflicto puede perdernos en el debate. No debemos pasar por alto que las familias desterradas en la jurisdicción del municipio sanvicentino habitaban estos terrenos hace ya varios años. A pesar de no poder dar cuenta de cumplir los 8 años de ocupación que requiere la Ley de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, es distinta las situaciones denunciadas por este medio en 2019 en el municipio capitalino de Garupá ( http://misionesopina.com.ar/portal/2019/04/03/usurpan-tierras-en-garupa/ )
Las soluciones provinciales
Sin embargo, esta realidad no parece lejana a la de la tierra colorada. Desde la Subsecretaría de Tierras y Colonización, comandada actualmente por la dirigente del Partido Frente Grande Sonia Mello, surgieron varias propuestas en los últimos años para intentar palear esta problemática, pero ninguna ha terminado por acabar el problema de raíz. Anteriormente y mediante el surgimiento de la regulación provincial Ley XVI – N°100, en donde se instituyó el “Plan de Regularización del Dominio de Tierras Fiscales”, y la creación y gestión del Programa “Mi Título”, el Ingeniero Forestal Jaime Ledesma (quien encabezó esta repartición durante las gestiones de Maurice Closs y Carlos Rovira) propuso una metodología para atender a lo que él nombró como “tensiones del futuro, a nivel social, económico y político”. Para poder trabajar en un Acuerdo Socio Territorial, es menester que los consensos se generen teniendo en cuenta que la disputa es sobre un “recurso natural estratégico, clave y determinante para consolidar un desarrollo territorial sostenible tanto (a) nivel provincial, como regional”, la tierra. Sin embargo, los problemas hoy subsisten, habiendo 165.000 hectáreas ocupadas irregularmente.
Otra persona que supo ocupar esa función, la de subsecretario, Gustavo Weirich habló en exclusiva con MisionesOpina y sostuvo que fundamental que el gobierno actual avance con cautela en estos sucesos. “El Estado provincial en algunos casos atiende rápido, y en otros no tanto” reflexionaba desde Guaraní el dirigente Weirich. “Yo creo que (en la localidad de Wanda) no menos de 700 familias han resuelto su problemática de la mano del fallecido Intendente Jeleñ. Se ha hecho un loteo y la gente beneficiaria de este loteo paga una cuota mensual para poder hacerse dueña de estas tierras y tener su propio título de propiedad”.
Además, reflexionó sobre la modalidad de acceso a la tierra, principalmente en ambientes rurales, como es el caso de la disputa actual en Colonia Fracrán, “la provincia siempre se desarrolló desde los minifundios, y este es el camino que debemos abordar”. Además, opinó favorablemente sobre quién ocupa actualmente esta repartición en el estado provincial, sosteniendo que “la subsecretaria tiene una visión muy acabada de la problemática, pero no tiene recursos para resolverlo”.
Por su parte, el Abogado José Luis Fuentes, oriundo de Eldorado, aclara que el rol de un Juez Penal en una situación como la que aconteció es inaudito. “El juez penal está para situaciones más complejas, que demandan procesos muchos más largos, de años, o cuando se producen situaciones de violencia con flagrancia en el lugar. Si estas situaciones subsisten, y con los antecedentes de Casco nos queda en la cabeza la idea de intentar un Jury contra este juez”.
“El problema es histórico, y por eso en nuestra Constitución dice que existe la necesidad de una reforma agraria, y la Renovación se adjudica la prerrogativa de haberla hecho. En todo caso, el Gobierno debería intentar respetar la función social de la propiedad que se dicta en nuestra regla madre, porque tienen una cuenta que saldar con nuestra gente y con nuestra Constitución Provincial. Esto es un paso hacia atrás”.
Finalmente, la expectativa de cientos o miles de familias que viven de la explotación agrícola familiar siguen a la espera de que el derecho que adquieren por legislaciones y por la misma Constitución Provincial pueda ejercerse plenamente, y que la discusión que atraviesa al escándalo mediático del dirigente del PAyS es respecto a un problema que está en la génesis propia de la historia de Misiones.
El debate sobre la acción penal de esta situación en particular está en realidad en la diferencia entre la ocupación y la usurpación, partiendo de la necesidad de ciertos sectores de nuestra sociedad misionera a acceder a una porción de tierra para vivir dignamente, y en casos un espacio para producir su propio alimento colaborando a la producción agrícola provincial. Bajo este parangón, llama la atención que en la Ley XII-38, que extiende la duración dos artículos de la Ley de Suspensión de sentencias de desalojo y remate pero no extiende la duración de la suspensión de desalojos en terrenos que estén inscriptos bajo el régimen del RENABAP.
