Rubén López, hijo del testigo clave en los juicios contra el represor Miguel Etchecolatz, analiza las dos décadas de impunidad, las fallas judiciales del inicio y el trabajo actual sobre un caudal de diez millones de comunicaciones telefónicas.
El 18 de septiembre de 2006, el albañil y militante Jorge Julio López salió de su casa en Los Hornos para presenciar los alegatos del juicio que condenaría al genocida Miguel Etchecolatz. Nunca llegó a destino. Dos décadas después de aquella jornada que marcó una herida abierta en la democracia argentina, su familia mantiene activo el reclamo de justicia y enfoca sus esperanzas en una compleja depuración de registros telefónicos para intentar desarmar el pacto de silencio de los represores.
Para Rubén López, hijo del sobreviviente de la última dictadura, la herida sigue expuesta ante la falta de certezas: “Es una mancha en la democracia, el problema de no saber qué pasó con una persona que fue a dar su testimonio en un juicio tan importante contra los genocidas es algo que molesta, no solo como familia, a toda la sociedad”. Asimismo, marca una diferencia sustancial respecto a la primera detención ilegal de su padre en 1976: “Lo raro de todo esto es que, luego de casi seis meses de la primera desaparición en dictadura sabíamos que estaba vivo. Hoy, a 20 años, no sabemos qué pasó”.