El expresidente Alberto Fernández pidió que se aparte al fiscal Ramiro González, quien lo investiga en la causa por violencia de género tras la denuncia de su expareja, Fabiola Yañez.
En un escrito de 23 páginas, la abogada defensora del exmandatario argumentó los motivos por los que pidieron recursar a González, al mismo tiempo que solicitaron que el expediente pase a otra fiscalía.
En el documento se plantean seis puntos, que incluyen la suspensión de testigos propuestos por Fernández, la imposibilidad de controlar la copia forense del celular de Fabiola y el rechazo a presenciar la declaración testimonial de Fabiola Yañez. “Se violentó el principio de igualdad”, afirmael escrito.
Ante esto, la defensa del exmandatario plantea que existen circunstancias suficientes que “afectan los principios de objetividad, legalidad y oficialidad del magistrado Dr. Ramiro González”.
La denuncia de Fabiola
La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández se basa en acusaciones de violencia de género, acoso y lo que ella describió como «terrorismo psicológico». Incluye tanto episodios de violencia física como hostigamiento psicológico que se habría prolongado en el tiempo.
Esta acusación se formalizó ante el juez federal Julián Ercolini, quien ordenó medidas de restricción contra Fernández, incluyendo la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de Yañez, su domicilio o cualquier lugar donde ella resida, y la prohibición de salir del país.
El caso se inició a partir de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández, que dieron indicios de situaciones de maltrato físico hacia Yañez. Aunque en un principio la ex primera dama no quiso impulsar la acción penal, luego cambió de postura y decidió avanzar con la denuncia formal.
Por su parte, Alberto Fernández negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como falsas, y aseguró que presentará pruebas para refutar las denuncias en la justicia.
En Tanto, Yañez no se presentó ante la Justicia de España para entregar su celular, lo que terminó por romper el acuerdo que se había establecido con el juzgado de la Argentina que investiga la denuncia por presunta violencia de género.
Tras el segundo faltazo de la ex primera dama -debería haberse presentado en primera instancia el martes-, la fiscalía española decidió cerrar el trámite del exhorto que envió la Justicia argentina.
De este modo, quedó en el aire el trámite de extracción de datos de ese teléfono de la ex primera dama, y el fiscal Ramiro González será quien deba definir el siguiente paso en la causa que tiene como imputado al ex jefe de Estado.