El jefe de Gabinete y su esposa se adhirieron a la Ley 27.799, una normativa que funciona como un “blindaje fiscal” e impide que el Estado revise las declaraciones juradas de años anteriores. Mientras la pareja utiliza este beneficio para congelar los controles de la ARCA, la Justicia federal avanza en una causa penal y aguarda los peritajes contables sobre sus casas en countries, viajes en aviones privados y movimientos con criptomonedas que no cierran con sus ingresos oficiales.
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En medio de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adoptó junto a su esposa una estrategia de blindaje fiscal ante la ARCA. La pareja se amparó en los beneficios de la Ley 27.799 para bloquear futuras revisiones sobre sus declaraciones juradas. Sin embargo, en los tribunales federal de Retiro advierten que esta contabilidad simplificada no frena el avance de la investigación criminal sobre sus bienes, deudas y gastos.
Fuentes oficiales explicaron que la adhesión del matrimonio a este régimen no implicó un “blanqueo” o depósito de dólares no declarados. Además, aclararon que la justificación sobre el origen de los fondos para la adquisición de sus bienes no se realizó por esta vía. Las mismas fuentes indicaron que el régimen simplificado agiliza la declaración impositiva, ya que el fisco completa el trámite. Para ellos, la medida no tiene relación con la inocencia fiscal.
Angeletti adhirió el 31 de mayo a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, aunque la mujer no se habría amparado en el régimen de inocencia fiscal. Además, precisaron que el jefe de Gabinete adoptó la misma estrategia impositiva. Desde el entorno de Adorni, afirmaron que “no va a ser para blanquear dinero” y que “no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal”. La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicaría, en parte, por tenencia de criptomonedas.
La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ofrece, en caso de ser aceptados, un “tapón fiscal”. Este mecanismo bloquearía a la ARCA de revisar a la pareja por períodos fiscales anteriores, incluido el 2025, año en que el jefe de Gabinete y su esposa realizaron movimientos que la Justicia investiga por posibles inconsistencias. Sin embargo, en 2025 no se podían declarar dólares no registrados, ya que la Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en febrero. Si se concede el beneficio, ARCA no podrá analizar la ecuación patrimonial de sus bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024, además del año base de 2025.