La Alcaidía 1 de la calle Lavalle, situada en el microcentro porteño, inició una fase de reorganización tras la toma de rehenes que involucró a tres efectivos de la Policía de la Ciudad el pasado jueves. El operativo finalizó con la liberación del último agente retenido, el traslado de 31 internos a diversos centros y el anuncio de que la dependencia no alojará más detenidos. El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, confirmó que los involucrados enfrentarán nuevas acusaciones penales que agravarán sus condenas.
La Alcaidía 1, ubicada en Lavalle 451 en pleno microcentro porteño, fue escenario de intensas horas de negociación luego de que un enfrentamiento entre reclusos derivara el jueves en la toma de rehenes de tres efectivos policiales. El incidente comenzó a partir de una riña entre internos; al intervenir el personal para separar a las partes y restablecer la disciplina, diez reclusos increparon a las fuerzas de seguridad y mantuvieron cautivos a un subcomisario, un inspector y un oficial mayor. La dependencia continuará funcionando normalmente para trámites administrativos, pero se anunció el cierre temporal de sus celdas y la decisión de no alojar más detenidos en el lugar.
Durante las primeras instancias de mediación, el subcomisario y el inspector recuperaron la libertad, mientras que el oficial mayor permaneció retenido por más de cinco horas. La gravedad del episodio motivó la constitución de un comité de crisis integrado por autoridades del Ministerio de Seguridad porteño, la jefatura de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el SAME, negociadores e integrantes de divisiones especializadas para contener la situación. Cerca de las 18:30 del jueves, con la participación de la Fiscalía, se concretó la liberación del último efectivo y el personal policial retomó el control absoluto del edificio.
En el marco de las actuaciones judiciales, Marco Juliano Zunino, auxiliar fiscal de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal porteño, procedió a imputar a los reclusos involucrados. Durante la jornada del viernes, la fiscalía avanzó en la recolección de elementos probatorios para indagar a los imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravada por la concurrencia de más de tres personas, daño agravado por afectar bienes de uso público y lesiones leves. Estas acusaciones se sumarán a los procesos previos que ya afrontaban los internos por causas vinculadas con robos, hurtos y estupefacientes.
El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, confirmó que al menos 31 detenidos fueron trasladados a diferentes alcaidías de la red porteña. Asimismo, el funcionario remarcó que los reclusos serán acusados además por robo y amenazas, debido a que despojaron al oficial mayor retenido de su teléfono celular para grabarse, formular demandas y vaciarle sus cuentas bancarias a través de transferencias. Giménez aclaró que los internos no contaban con armas blancas, valoró que no se registraron personas heridas tras las revisiones clínicas del SAME y de los médicos legistas, y enfatizó que la actuación del comité de crisis estuvo enfocada en resguardar la vida de los efectivos y evitar intentos de fuga