La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de las condenas dictadas contra los aduaneros juzgados en Posadas por asociación ilícita, cohecho y contrabando agravado, al hacer lugar a las quejas presentadas por las defensas luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la capital misionera rechazara los recursos de casación.
De este modo, el máximo tribunal penal del país analizará tanto las penas impuestas como los planteos vinculados a presuntas nulidades en el proceso.
La decisión fue adoptada el 16 de diciembre por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Gustavo Barroetaveña, Gustavo M. Hornos y Carlos Javier Carbajo, quienes resolvieron conceder los recursos de casación interpuestos por las defensas de Orlando Ariel Alfonso y Lorenzo René Juárez.
Las condenas a revisar
En el caso de Alfonso, el Tribunal Oral Federal de Posadas lo había condenado el 27 de agosto a la pena única de cinco años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, al considerarlo penalmente responsable como miembro de una asociación ilícita, coautor de cohecho y coautor de contrabando de importación agravado por su condición de funcionario aduanero.
La defensa interpuso recurso de casación contra ese fallo, que fue denegado por la mayoría del tribunal oral, lo que motivó la presentación directa ante Casación.
Al analizar la queja, la Sala I sostuvo que el planteo reunía los requisitos de admisibilidad y fundamentación previstos en el Código Procesal Penal de la Nación, por lo que resolvió “hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Orlando Ariel Alfonso y, en consecuencia, conceder el recurso de casación”, aclarando que la apertura de la instancia no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto.
Una resolución similar dictó respecto de Lorenzo René Juárez, quien había sido condenado por el mismo tribunal oral como miembro de una asociación ilícita y coautor de cohecho, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado público y costas.
Al igual que en el caso anterior, el recurso de casación presentado por su defensa fue rechazado en primera instancia, lo que derivó en la queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Los jueces de Casación concluyeron que también en este caso correspondía habilitar la instancia casatoria y conceder el recurso, ordenando la remisión de las actuaciones para que sean recaratuladas y tramitadas como recursos de casación.
Con estas decisiones, la Cámara Federal de Casación Penal revisará ahora las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal de Posadas y los argumentos de las defensas, que cuestionan tanto la valoración de la prueba como supuestas nulidades ocurridas durante el proceso.
El fallo se enmarca en una causa de alto impacto institucional en Misiones, cuyo contexto incluye las condenas a funcionarios aduaneros por delitos vinculados a maniobras ilegales en la frontera, tal como se había informado oportunamente tras la sentencia de agosto.