La muerte de Juanita Sirimarco Díaz, una niña de 13 años que falleció poco después de regresar de su viaje de egresados llevó al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) a tomar medidas disciplinarias.
En respuesta a las irregularidades detectadas en la organización del viaje, el SPEPM sancionó al Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), la institución educativa responsable de coordinar la actividad. Ahora se buscará aprobar una ley para “establecer mayores garantías”.
El director ejecutivo del SPEPM, Luis Bogado, explicó que la sanción busca aplicar la normativa vigente e incentivar una revisión más amplia de los procesos de seguridad en las escuelas de la provincia.
Para evitar nuevas tragedias, Bogado resaltó que el año próximo se debatirá en la Cámara de Diputados una ley orientada a fortalecer los requisitos y controles en la organización de viajes estudiantiles.
“Esperamos que esta normativa venga a establecer mayores garantías”, afirmó. El objetivo es asegurar que “la seguridad y el bienestar de los estudiantes y sus familias estén siempre protegidos”.
Según Bogado, la ley no solo tiene un carácter preventivo, sino también educativo, ya que invita a “resignificar los procesos que se viven dentro de las comunidades educativas” y a fortalecer el compromiso de los establecimientos educativos en Misiones y toda la provincia.
“La idea de esta normativa es proteger a los estudiantes y sus familias”, dijo. Explicó que el proyecto responde a la tragedia de Juanita, pero que también busca instaurar prácticas más rigurosas y responsables en la organización de actividades extracurriculares.
Aparte de esto, sin embargo, Bogado detalló que el SPEPM ya cuenta con normativas específicas que rigen los viajes de estudio organizados dentro del calendario escolar. Estos viajes, señaló, deben cumplir con “determinados requerimientos” para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.
Sin embargo, el director reconoció que existen oportunidades para mejorar estas disposiciones, especialmente en lo que se refiere a los viajes organizados por iniciativa de los propios padres o con una intervención menos formal de la institución educativa.
“Es una oportunidad para poder resignificar estos procesos que se viven a la hora de contratar servicios,” declaró Bogado.
Según él, el caso de Juanita debería inspirar a las instituciones a reconsiderar su papel y responsabilidad en la protección de los alumnos durante las actividades extracurriculares.
La sanción impuesta al ICRA se considera un “apercibimiento severo,” una medida grave dentro de las regulaciones provinciales, y que se aplicó tras evaluar “todas las informaciones que hemos recopilado” acerca de las irregularidades detectadas en el proceso de organización del viaje, dijo Bogado.
Sobre el sistema de sanciones que rige en la provincia, Bogado explicó que este permite aplicar castigos progresivos, “desde llamados de atención en una, dos o tres oportunidades, pasando por apercibimientos de distinta gravedad, hasta llegar a la suspensión del servicio en casos extremos.”
Según Bogado, la decisión de imponer un apercibimiento severo al ICRA responde a la necesidad de transmitir la importancia del cumplimiento estricto de la normativa educativa y la seguridad de los alumnos.