El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió un permiso judicial para asistir a un sorteo de la Conmebol. La autorización quedó condicionada al pago de 30 millones de pesos, mientras un juez define si lo procesa por una presunta retención indebida de aportes.
La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo. El dirigente viajará a Paraguay para participar de un sorteo de competiciones que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El juez Diego Amarante concedió el permiso, aunque dispuso que Tapia deposite una caución de 30 millones de pesos como condición.
La decisión judicial se produce en una etapa clave del expediente que investiga a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social. Tras finalizar las indagatorias y con los escritos de defensa ya presentados, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de ambos. Las alternativas que prevé la ley son dictar el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito.
La investigación se centra en que la AFA no habría pagado en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales correspondientes a un período que se extiende desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. El monto total involucrado en la causa asciende a 19.300 millones de pesos. Según la acusación, la asociación actuó como agente de retención, pues descontó los tributos, pero luego no los ingresó al fisco en el plazo legal establecido.
La postura de la defensa
Para el organismo recaudador ARCA, los fondos retenidos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero de los contribuyentes. Además, la entidad señaló en su presentación que la asociación tenía capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, ya que durante el período investigado ingresaron a sus arcas alrededor de 500 mil millones de pesos.
Por su parte, la defensa de los dirigentes sostuvo que no existió ningún incumplimiento. Tanto Tapia como Toviggino argumentaron en sus escritos que una disposición administrativa impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles. Desde esa perspectiva, plantearon que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento. Además, la AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada.
En el documento que presentó ante el juez, el tesorero de la entidad insistió en esa línea argumental y descartó cualquier intención delictiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal. Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”, afirmó Toviggino. La defensa también planteó que existe una persecución contra la dirigencia de la AFA y solicitó el sobreseimiento, un pedido que el juez Amarante ya rechazó y que ahora analiza la Cámara en lo Penal Económico.