En una jornada clave en la Cámara Alta, el oficialismo logró superar semanas de zozobra parlamentaria y convirtió en ley la Inocencia Fiscal II con 44 votos a favor y 23 en contra, impulsando un régimen que busca facilitar la circulación de dólares no declarados y fijando como fecha límite para sus beneficios el 31 de diciembre de 2027. La votación se desarrolló en una sesión atravesada por reclamos opositores sobre el endeudamiento familiar y recortes en ayuda social, y en la que también se sancionó el traspaso con fondos de la justicia de menores y competencias penales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tras un momento de zozobra y varias semanas sin poder enderezar el barco en el Senado, el oficialismo logró imponerse y convirtió en ley la Inocencia Fiscal en su segunda versión. La iniciativa, que llegó para suplantar a su primera versión a solo ocho meses de haber sido aprobada, apunta a facilitar el uso de los dólares del colchón y obtuvo 44 votos a favor (con una votación previa en general de 43 a favor y 23 en contra). El proyecto contó con el respaldo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas. La sesión continuó con el debate por Biocombustibles y quedó eclipsada por el ruido que generaron los cambios en ayuda social incluidos en el Presupuesto, sumado a los cuestionamientos al Ejecutivo por el aumento del endeudamiento familiar.
“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expuso el senador libertario Bruno Olivera, en su rol de miembro informante.
Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que rechazó la propuesta por vincularla con un esquema de blanqueo constante. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del bloque.
Previamente, el senador peronista Jorge Capitanich también había apuntado contra el proyecto que llegó con media sanción, al señalar que en las comisiones “no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”, sostuvo.
A su vez, el senador peronista Adán Bahl advirtió sobre el impacto impositivo en el interior del país: “En este proyecto de ‘Inocencia Fiscal’ no estamos atendiendo este tipo de modificaciones desde una perspectiva federal. Con el IVA o con Ganancias no hablamos solo de lo que recauda ARCA, sino también, lamentablemente, de cuánto pierden nuestras provincias”, planteó.
Por su parte, el legislador Fernando Salino cuestionó las modificaciones sobre el acceso restringido a funcionarios políticos respecto de la primera versión de la ley, donde se restringe el acceso a ministros, secretarios, jueces y legisladores, pero dejando exentos a sus familiares. “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado”, dijo el senador. Salino buscó proponer cambios al momento de la votación, pero el oficialismo, con los votos ya cerrados, anunció que no iba a aceptar modificaciones y la iniciativa se votó de manera corrida en general y en particular.
Puntos centrales de la Inocencia II
Uno de los cambios centrales de la norma tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Según detalló el especialista Domínguez, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, fijado previamente únicamente en el 15%, había provocado que contribuyentes con diferencias de escaso volumen quedaran expuestos a inspecciones.
Asimismo, el proyecto fija una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, coincidiendo con el último día del actual mandato presidencial. Tal como explicó Domínguez, quienes deseen utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno para que la mayor cantidad posible de contribuyentes exteriorice sus ahorros durante el resto de la gestión.
Traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires
En la misma sesión de este jueves, el Senado aprobó los acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, registrando 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los senadores santiagueños. “La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”, explicó el senador libertario de Salta, Gonzalo Coraita.
El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad, que asumirá la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, incluso si al momento de ser juzgados ya alcanzaron la mayoría de edad. La medida abarca también a adultos imputados conjuntamente con menores por los mismos hechos o hechos conexos para preservar la unidad de la investigación, mientras que para los menores de 14 años contempla intervenciones judiciales de protección.
Este traspaso, que incluye la transferencia de fondos, generó cuestionamientos desde la oposición provincial. “Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”, señaló Jorge Capitanich respecto a la asignación de recursos.