El segundo punto del orden del día de la sesión ordinaria de este jueves 27 de noviembre era el tratamiento del pedido de interpelación al director de Obras Privadas de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Arturo García. La solicitud había sido presentada por el edil Alejandro Verón, quien pidió el tratamiento preferencial del proyecto en la sesión anterior, celebrada el pasado 6 de noviembre. El proyecto fue analizado en Comisión y, según trascendió, se retiraron tres preguntas del cuestionario propuesto a pedido de dos concejales oficialistas. No obstante, por un “tecnicismo”, los ediles decidieron que el proyecto vuelva a Comisión para ser tratado nuevamente.
El proyecto de comunicación que pide interpelar al director de Obras Privadas tiene como origen el hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre, cuando el obrero de la construcción Javier Jesús González cayó de un andamio en una obra ubicada sobre la avenida Brasil. González permaneció internado en grave estado hasta el 23 de septiembre, día en que falleció. Tras el fatídico episodio y a partir de declaraciones de los familiares, se señaló una presunta conexión del funcionario con la empresa constructora, además de la falta de control por parte de la Dirección de Obras Privadas sobre una obra que se realizaba sin medidas de seguridad ni habilitaciones correspondientes.
Esta situación llevó al edil Verón a realizar las denuncias correspondientes en todos los ámbitos, incluso en la Justicia penal, dado que el hecho dejó en evidencia una presunta falta en los deberes de funcionario público. El director de Obras Privadas habría obviado los controles de una obra a la que estaría comercialmente vinculado, controles que podrían haber evitado la muerte de González.
Durante la sesión, en el marco del tratamiento del proyecto, y tras la exposición de Verón —quien enumeró las responsabilidades—, el presidente del Concejo Deliberante, Javier Bareiro, tomó la palabra y, sin explicar de forma clara los motivos, pero remarcando que el proyecto debía tratarse en Comisión, mocionó para que regrese a ese ámbito. La moción fue acompañada por la mayoría, excepto por el autor del proyecto.
Antes de finalizar la sesión, el edil Rodrigo Lugo explicó que desde el oficialismo advirtieron que el proyecto sería rechazado por un error en el texto, motivo por el cual decidió acompañar el regreso a Comisión.
Consultado por la situación, Verón señaló: “El oficialismo alega que el reglamento interno, en el artículo 131, dice que se puede interpelar a un secretario, y no especifica si es factible a un director. Es algo irrisorio, porque en ese momento no existían los directores municipales. Debería decir ‘funcionario público’. Según ellos, el asesor legal del Concejo emitió un dictamen, pero cuando lo solicité por escrito no me lo facilitaron”.
El proyecto de comunicación volverá a Comisión y no se sabe si será tratado por los concejales actuales o por el cuerpo renovado tras la sesión preparatoria del 10 de diciembre.
Cabe destacar que una interpelación, en el ámbito político, es una herramienta legislativa mediante la cual un Congreso, Parlamento o Concejo Deliberante cita a un funcionario para que explique y justifique las acciones de su gestión, pudiendo incluso derivar en una moción de confianza o censura. En un sentido más general, implica exigir que alguien rinda cuentas sobre sus acciones u obligaciones.
Según pudo averiguar este medio, Arturo García puede negarse a presentarse o bien responder por escrito las inquietudes incluidas en el anexo del pedido de interpelación