El Tribunal Oral Federal de Posadas dictó este miércoles penas de prisión e inhabilitación perpetua para cuatro agentes aduaneros acusados de integrar una red de coimas y contrabando en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Las defensas anticiparon que van a recurrir a la Cámara de Apelaciones.
Luego de más de una docena de audiencias e inspección en el cruce internacional, el Tribunal Oral Federal de Posadas condenó este miércoles a cuatro funcionarios de la Aduana y a un particular, tras considerarlos responsables de delitos vinculados con contrabando y corrupción en la frontera entre Posadas y Encarnación.
Orlando Ariel Alfonso recibió una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallado culpable de asociación ilícita, cohecho y contrabando agravado. En la misma línea, Bernardino Castor Esquivel fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, mientras que Francisco Antonio Llorente recibió cinco años de prisión con la misma accesoria.
Por su parte, Lorenzo René Juárez fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua. Además, el tribunal ordenó que cumpla reglas de conducta durante dos años, entre ellas someterse al control de un organismo especializado y abstenerse del consumo de alcohol y estupefacientes.
En el mismo fallo, el particular Miguel Ángel Jara fue condenado a tres años de prisión en suspenso como coautor de contrabando agravado, y deberá completar la educación secundaria, evitar el consumo de drogas y alcohol, y mantener un empleo formal.
La investigación se inició en 2016 e incluyó escuchas telefónicas, allanamientos y el secuestro de documentación que reveló el funcionamiento de una estructura dedicada a cobrar sobornos para permitir el ingreso irregular de mercadería desde Paraguay. El tribunal también dispuso que los condenados reparen el perjuicio económico causado al Estado y se mantengan los embargos preventivos hasta el cumplimiento de esa obligación.
El tribunal estuvo presidido por el juez Enrique Bosch e integrado por los magistrados Manuel Alberto Jesús Moreira y Fabián Gustavo Cardozo. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal Vivian Barbosa, mientras que la AFIP —actualmente Arca— actuó como querellante institucional a través de la abogada Rosana Sienra.
Las defensas estuvieron a cargo de los abogados Ramón Camargo (por Juárez y Alfonso), Roberto Benítez (Esquivel) y Luis Palma (Llorente).