El extitular de la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dadcco) de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó un descargo escrito de 42 páginas al que tuvo acceso Télam, pero se negó a declarar, por lo que no pudo responder, por ejemplo, cómo fue que las transcripciones de escuchas a exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en Ezeiza llegaron a manos de la exdiputada Elisa Carrió.
“Para que quede bien clara mi ajenidad con la imputación, niego haber participado y nunca tuve conocimiento de que se hubiere urdido u ordenado dentro de la Agencia el seguimiento o espionaje a detenidos por razones políticas, y control de sus llamadas y de sus visita», dijo Ruda Bart en el escrito que le presentó al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
Agregó que «para la labor encomendada» su dirección «no recibió información de quien se alojaba en cada penal o en cada pabellón» y que «la directiva era realizar las transcripciones de acuerdo con lo ordenado en la causa”.
Mariano Ruda Bart es un abogado que ingresó a la AFI cuando todavía se llamaba SIDE, en 1995, y permaneció en el organismo hasta el 31 de diciembre de 2019, según él mismo consignó en el escrito en el que reclamó su sobreseimiento tras asegurar que siempre se limitó a “cumplir las labores que dentro del organismo al cual pertenecía», le «fueron encomendadas, siempre en el marco de legalidad”.
La prueba contundente de que desde el área a cargo de Sebastián Distéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, se escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el sistema IRIC, es que transcripciones de conversaciones mantenidas por varios detenidos, ex funcionarios del gobierno anterior al de esa época
Ruda Bart se hizo cargo de la Dadcco en 2018 tras 19 años en la dirección de Observaciones Judiciales (OJ) y por pedido de quien estaba a cargo del área de jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, también imputado en la causa y citado para ser indagado.
Ruda Bart argumentó que “las transcripciones o desgrabaciones fueron siempre consideradas una herramienta de certificación del contenido de las comunicaciones de una línea intervenida para entregar al Juzgado».
Agregó que «complementaba el trabajo de quienes investigaban en el área operacional», es decir los que «realizaban las escuchas y hacían sus informes”.
Dijo que durante los años en la Dadcco, su contacto con los titulares de las áreas operacionales fue «acotado», pero no así con los responsables de las áreas técnicas con quienes el trato fue «más fluido, de frecuencia semanal y por momentos diaria» debido a que su tarea era el desarrollo de un sistema de transcripción”.
Ruda Bart relató que “en los primeros meses de 2018, el director general del área de jurídicos (el Dr. De Stefano)” le comunicó la intención de crear «un área que centralizara el trabajo de transcripción de las líneas intervenidas en causas para los Juzgados» y le pidió que «estuviera a cargo».
Ruda Bart fue acusado por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide de participar de las tareas de espionaje a personas privadas de su libertad, e incluso fue sindicado como uno de los responsables de que se filtraran las transcripciones de las escuchas realizadas sobre el teléfono público de uno de los pabellones del penal de Ezeiza en el que estaban alojados exfuncionarios kirchneristas.
“El área de escuchas a cargo de Ruda Bart -de Asuntos Jurídicos- escuchaba todas las conversaciones de todos los teléfonos ordenados en la causa de Segovia, pues desde allí el área de Contrainteligencia incluso varias veces recibió escuchas que eran de interés, aún respecto del producido de los pocos teléfonos que tenía a su cargo Contrainteligencia”, sostuvieron los fiscales en el dictamen en el que hicieron referencia a la causa en la que se investiga al narcotraficante Mario Segovia del que se sospechaba que cometía delitos desde la cárcel.
“La prueba contundente de que desde el área a cargo de Sebastián Distéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, se escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el sistema IRIC, es que transcripciones de conversaciones mantenidas por varios detenidos, ex funcionarios del gobierno anterior al de esa época, que no tenían absolutamente nada que ver con el objeto de la causa y las llamadas que sí podían escuchar según la orden judicial», sostuvieron los fiscales.
Así, agregaron que «se filtraron y llegaron a manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado y al colega Fiscal Federal, Dr. Carlos Stornelli, por otro”.
Sobre ese punto, Ruda Bart sostuvo en su escrito que cuando se creó la Dadcco, y les pasaron las transcripciones de las distintas causas, estaba entre ellas aquella en la que se investigaba a Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina.
El tema de Segovia también apareció ayer durante la declaración indagatoria del ex titular del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, que presentó un escrito de más de 100 páginas y declaró durante dos horas.
La parte más tensa de la indagatoria se produjo cuando los fiscales lo interrogaron sobre cómo fue que se decidió el traslado de Segovia a un pabellón del programa IRIC en el que estaban albergados los exfuncionarios kirchneristas y sostuvo que no era una decisión que pasara por él, sino por los directores de cada penal.
Blanco aseguró además que no participó de maniobras de espionaje y que solía recibir a familiares y abogados de detenidos que ahora aparecen en el expediente como presuntas víctimas de inteligencia ilegal.
Fuente: Telam